Concellos y clientes pierden medio centenar de miembros en las cajas en favor del Parlamento

JULIO PÉREZ - VIGO Hasta que la reforma de la ley de cajas entre en vigor, con la previsión de aprobarla el próximo día 29 en una sesión extraordinaria en O Hórreo, los tres partidos tienen todavía margen para seguir limando ciertas cuestiones polémicas y fundamentales para el futuro de las dos entidades gallegas. Lo que parece claro es que tanto PPdeG como Bloque están satisfechos con el texto de la ponencia que previsiblemente se conocerá hoy, y que los socialistas no lo respaldarán si no da un giro de muchos, muchos grados. Entre los puntos en los que ya no hay vuelta atrás, con un pacto sellado entre populares y nacionalistas, está el nuevo reparto de miembros en los órganos de dirección, uno de los principales motivos que impulsó la nueva normativa para dar entrada al Parlamento y reforzar la función de control público. Un 20% que saldrá de los representantes que se le restan a concellos y a clientes. Dos sectores que tendrán medio centenar de consejeros menos en las Asambleas de Caixanova y Caixa Galicia.
Para las entidades municipales, diputaciones incluidas, la cuota que establece la reforma es de un 20%. Su representación actual ronda el 25%. En el caso de los impositores, el recorte es todavía mayor, con un 40% ahora de los 160 sillones de la Asamblea de Caixa Galicia y de los 158 que hay en Caixanova, y que tras la renovación se quedará en un 30%. El nuevo marco legal reserva además un nuevo mecanismo de elección para los representantes de los clientes, que serán elegidos mediante un único sorteo, frente a la fórmula empleada hasta el momento de combinación de sorteo y designación.
Con el nuevo reparto, ¿cómo quedan los límites a la representación pública que marca la Ley de Órganos de Representación de las Cajas de Ahorros (Lorca) y que sirve de base para las normativas autonómicas? Pues en el límite. Casi la mitad de los miembros de los Consejos de Administración y las Asambleas de las cajas gallegas serán de representación pública, el máximo posible y un problema ante la esperada reforma de la Lorca con la que el Gobierno central pretende disminuir estos porcentajes. PPdeG y BNG se amparan en que ninguno de estos miembros ostentará un cargo político, ni tampoco un puesto de responsabilidad en la Administración.
Sobre todo en Caixa Galicia. Hay un tercer colectivo que pierde presencia con la reforma, las entidades fundadoras. Aunque no afecta por igual a las dos cajas. En la entidad coruñesa no tienen ningún representante, con lo que el 10% que les adjudica la ley en la próxima renovación se repartirá probablemente entre concellos y Parlamento y la cuota pública alcanzará el 50% fijado como techo en la Lorca. En Caixanova pierden casi la mitad de los representantes que tenían. De los 28 actuales –un 18% del total– a unos 15.