El Bloque mantiene su propuesta para que la renovación de las cajas se haga en un año

JULIO PÉREZ ? VIGO Con el borrador del nuevo marco legal para las cajas de ahorros ya cerrado, ahora comienza la segunda parte del debate. En Comisión primero y en el Pleno del Parlamento después para la aprobación prevista el 29 de diciembre. Los tres partidos tienen una visión muy diferente del resultado de la ponencia. El PPdeG insiste en un “elevado nivel de consenso” que los socialistas limitan a cuestiones técnicas –“Los dos tercios de nuestras enmiendas siguen vivas”, dice Xaquín Fernández Leiceaga, diputado del PSdeG– y el Bloque da por hecho que “los matices” no han variado la filosofía de su propuesta. Lo que queda por delante no es una cuestión menor si hay ganas de llegar con unanimidad al final de la reforma. En puntos clave de la normativa como los plazos para la renovación de los órganos de dirección y la forma de hacerlo las posturas están enfrentadas. Los nacionalistas dan un año al proceso y su intención es que el PPdeG, que apuesta por sólo dos meses, lo acepte. Ahí cuentan además con el respaldo del PSdeG.

? ¿Cuánto tiempo tardarán en renovarse los órganos de decisión? En la ponencia figuran dos meses, la propuesta del PPdeG, con lo que los cambios se efectuarían en marzo. Ni socialistas ni nacionalistas están de acuerdo. El Bloque mantiene su apuesta por el plazo de un año –tres meses para adaptar los estatutos, seis para que la Xunta regule el mecanismo de elección de los representantes y otros tres para la designación– e intentará incluirla durante las discusiones en la Comisión, y en el debate Parlamentario. A día de hoy no existe ningún acuerdo en este polémico punto, según confirma Fernando Blanco, el representante del BNG. Los socialistas están totalmente en contra también de que los nuevos miembros de los Consejos de Administración y las Asambleas de ambas entidades entren en sólo dos meses.

? ¿Y cómo se realizará el proceso? Aunque se analizó la posibilidad de que la renovación se lleve a cabo en varias fases –por sectores o por porcentajes dentro de cada sector–, el borrador de la ley contempla de momento que los cambios se hagan todos juntos.

? ¿Cómo se repartirá la representación? El Parlamento tendrá un 20% de los miembros de los órganos de dirección, ayuntamientos y diputaciones otro 20%, un 10% las entidades fundadoras, los impositores un 30%, un 10% los trabajadores y el 10% restante se distribuirá entre empresarios, sindicatos, el Consejo Económico y Social y organizaciones benéficas. Ninguno de ellos podrá desempeñar un cargo político.

? ¿Cuál será la edad límite para ser consejero y director general? Los 70 años. En este caso, PPdeG y PSdeG coinciden. El Bloque aspira a que antes de la aprobación de la reforma se incorpore una rebaja hasta los 65 para la figura del director general, lo que acotaría el futuro del actual máximo responsable de Caixa Galicia, porque se amparan en que, como un trabajador más, no es lógico que su jubilación se prorrogue. Los populares están dispuestos a aceptar la limitación, pero la condicionan a la unanimidad entre los tres partidos. Los socialistas no están de acuerdo.

? ¿Qué papel jugará la función de protectorado en las grandes inversiones? Aunque ya la actual normativa del sector en Galicia permitía al Gobierno gallego controlar determinadas inversiones de las cajas, la ponencia refuerza el papel con una autorización expresa de la Consellería de Facenda para desembolsos importantes de capital o compras de participaciones y la colaboración en proyectos empresariales. De hecho, otra de las novedades es la creación, en este caso con el consenso de todos, de una comisión de inversiones para controlarlas.

? ¿Y en la Obra Social? Aquí el PSdeG se descuelga del acuerdo entre nacionalistas y populares –que lo defienden como uno de los grandes logros de la reforma– para que sea la Consellería de Facenda la que marque a qué se tienen que dedicar este tipo de fondos en Caixanova y Caixa Galicia. Los socialistas mantienen que con el papel que el Parlamento va a tener en los órganos de decisión es suficiente para tutelar el gasto de la Obra Social.