Feijóo da a entender que el Banco de España se opone a la fusión de las dos cajas gallegas

JULIO PÉREZ / VIGO A su favor quiso el presidente de la Xunta utilizar el escenario en el que estaba para una vuelta de tuerca más en su mensaje sobre el futuro de las cajas de ahorro gallegas. Una tribuna en Málaga, en Andalucía, comunidad liderada por los socialistas y que, como en Cataluña, ultima procesos de integración de entidades del mismo territorio. Alberto Núñez Feijóo exige para sus aspirados planes de fusión entre Caixanova y Caixa Galicia "el mismo principio de igualdad y las mismas condiciones" que a ambas operaciones puso el Banco de España porque está convencido de que la unión en esos dos casos "se favoreció". Y si el lugar para lanzar el discurso es importante, también lo es el momento escogido. Porque sólo unas horas antes, el jueves por la tarde, el jefe del Ejecutivo gallego se reunió en Madrid con Miguel Ángel Fernández Ordóñez, máximo responsable del organismo regulador y reacio a la fusión gallega. Su bendición es un requisito fundamental para llevarla a cabo y Feijóo dio a entender ayer haciendo pública su exigencia que no la tiene.

Por el gesto, pero también por todos los acontecimientos que hay detrás, en el ya largo debate de la reestructuración del sector financiero en España y en el caso concreto de Galicia. No es la primera vez que Fernández Ordóñez avisa de sus pegas a la integración que quiere la Xunta. Tras el ultimátum de una semana que Feijóo dejó a los directivos de Caixanova y Caixa Galicia para llegar a un supuesto acuerdo, el máximo responsable del Banco de España se puso en contacto con él para darle un toque de atención –la misma llamada que realizó al presidente valenciano, empeñado también en apostar por fusiones internas–, amparándose en las complicaciones en este tipo de operaciones por el solapamiento de las redes y el negocio y la necesidad de pedir cuantías elevadas al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Las mismas razones a las que Miguel Ángel Fernández Ordóñez se agarró en su reciente encuentro con el líder del PP. El gobernador le pidió a Mariano Rajoy que se encargara de transmitir a Feijóo y Camps la necesidad de abrir el puzzle del sector a las operaciones, sean integraciones o alianzas, entre entidades de diferentes comunidades. Sobre todo en regiones que, a diferencia de Cataluña y Andalucía –las que tienen un mayor número de entidades propias–, el mercado está atomizado. Lo más deseable también para el presidente de los populares, aunque él también en esa cita le recordó que no podía haber dos varas de medir en función de qué partido esté en el poder de una autonomía.

Pero los inconvenientes del Banco de España van más allá del impacto en las sucursales, el empleo o el negocio crediticio. Miguel Ángel Fernández Ordóñez le ha recordado a Feijóo que una de las dos entidades, Caixanova, es contraria a la fusión. Oficialmente el organismo guarda silencio. Una vez más insiste en que sólo habla cuando existe un proyecto en firme diseñado por las propias entidades y que el veredicto dependerá de sus propios análisis.

Tras su encuentro, el presidente de la Xunta insiste en que las fusiones de cajas andaluzas y catalanas, "donde gobierna el mismo partido y en Galicia no porque perdió las elecciones", en referencia al PSOE, se "favorecieron". "Si ése –sostiene– es el modelo del Banco de España no se debe cambiar en otras comunidades porque haya intereses extraños en cuanto a la asignación de recursos financieros a las comunidades". En definitiva, que "los mismos aspectos" que el organismo consideró "razonables" en esas dos comunidades "sean los que rijan en Galicia".

Sin dar más detalles, Núñez Feijóo reitera de nuevo "el mayor rigor posible" en el que se está trabajado para el diseño del futuro de Caixanova y Caixa Galicia a la espera de la auditoría "que demuestre la solvencia" de la fusión. "Es mejor una gran caja gallega, con vinculación en el sector naval, textil, del auto móvil y lácteo y no que las cajas se difuminen fuera de la comunidad", afirma. El titular del Ejecutivo gallego niega que la reforma del marco legal para el sector persiga la politización de las dos entidades y defiende "la tutela financiera" de la comunidad en "las decisiones estratégicas". Una mención expresa a la intención de filtrar por parte de la Xunta las grandes inversiones de las cajas y la Obra Social.