J. PÉREZ / I. BASCOY / VIGO
Una normativa en vigor, una propuesta de articulado para su reforma y más de un centenar de enmiendas a ese posible segundo texto que se debate estos días a puerta cerrada en el Parlamento dentro la Comisión de Economía de la que saldrá, por unanimidad o no, la nueva estructura interna de las cajas en Galicia y la reforzada tutela de la Xunta sobre ellas. ¿Demasiados cambios, demasiados supuestos a regular, demasiados frentes abiertos? Las prisas por la tramitación, con la meta de aprobar el nuevo escenario el próximo día 29, juegan en contra de la claridad que siempre, y especialmente ante las sensibilidades que genera el transcendental debate sobre el futuro de Caixanova y Caixa Galicia, necesita el lenguaje de una ley.
Con los arreglos que han puesto encima de la mesa populares y nacionalistas, algunos diputados autonómicos mantienen que todos los consejeros de las entidades que superen los 70 años podrían desaparecer de los órganos de decisión de las cajas mucho antes de que se complete la renovación. Al día siguiente de la entrada en vigor de la norma. Una posibilidad que afectaría al actual presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, gran opositor a la integración con la entidad coruñesas, y que fuentes cercanas al_Gobierno gallego y al propio PPdeG descartan. El problema es que, tal y como están redactadas las enmiendas, no es una hipótesis descabellada.
La primera clave está en la disposición transitoria segunda recogida por la proposición no de ley del Bloque y que regula la renovación de los Consejos y las Asambleas Generales para adaptarse a la ley. ¿Quién se encarga del timón de las cajas durante ese proceso? Según la lectura actual del artículo, los actuales equipos de gobierno, a los que se les encomienda "adoptar los acuerdos necesarios para la debida ejecución y cumplimiento de las normas contenidas en esta ley". Y ahí está la segunda clave.
Entre las condiciones que los populares aspiran a incluir en el texto definitivo está el repaso a los requisitos para poder ser elegido consejero de cualquiera de las dos cajas y, por lo tanto, el presidente de la entidad, es no haber cumplido los 70 años, cinco por debajo del techo actual y cinco por encima de lo que PPdeG y BNG ya han pactado cambiar en la Comisión. La nueva edad límite serán los 65 años. Es decir, que José Luis Méndez, director general de Caixa Galicia, con 64 años en enero, podría seguir pero sólo un ejercicio más. Lo habitual hasta ahora en las normativas del sector, incluida la gallega, es que el concepto de limitación de edad, sea cual sea, apareciera ligado a la imposibilidad de ser reelegido. La enmienda popular habla directamente de "causa de cese".
Y muy expresamente, además. Porque de entre todas las opciones, y no son pocas, que se pueden dar como causa para retirar a un consejero –incapacitación, incompatibilidades o deudas con la entidad, entre otras– la redacción del PPdeG para las consecuencias de la pérdida de cualquiera de los requisitos reitera de forma explícita que "el cumplimiento de la edad"_límite será motivo para despedir a un consejero. En línea con el mecanismo para cesar que marca la ley actual y que no se tocará. El artículo 30, concretamente, y al que los populares también echan mano en otra de sus enmiendas para condicionar la renovación de los órganos de dirección. "Sin prejuicio de lo previsto en el artículo 30", señala.
¿Y qué dice la normativa que está en vigor en ese tan mencionado punto? Que todo nombramiento de un consejero será irrevocable en tanto no se cumpla el plazo para el que fueron designados excepto "exclusivamente" en supuestos de incompatibilidad sobrevenida, acuerdo de la Asamblea por una causa justificada y "la pérdida de cualquiera de los requisitos exigidos". Es decir, el cumplimiento de los 65 años y que, teóricamente, es una de las condiciones que los consejeros en funciones deberían hacer cumplir, como establece la disposición transitoria que habla del periodo de adaptación a la nueva ley.
¿Está abierta esa puerta? Lo que algunos representantes en el Parlamento aseguran lo niegan diputados populares y en la Xunta. Todo dependerá del texto final y del veredicto de los asesores del Consello Económico y Social y el Consello Consultivo, que en sus últimos dictámenes de leyes por vía de urgencia fueron muy duros con los errores de redacción y, por lo tanto, con la inseguridad jurídica.