Una reforma legal de récord

Claro está que el nuevo marco legal para las cajas vendrá por la vía de urgencia. Porque así lo pactaron los partidos en el Parlamento, aunque el PSdeG ya se apeó del acuerdo, y porque la elaboración de la ley se hace con el pie puesto en el acelerador para llegar a la aprobación el día 30. Pero desde que se dio vía libre a la reforma y hasta hoy, ni Xunta, ni PP ni BNG han explicado por qué hay que elaborar una normativa transcendental en sólo un mes.

JULIO PÉREZ - VIGO Pese a que el PPdeG frenó el debate por considerarlo "improcedente" sólo una semana antes, desde que la proposición no de ley del Bloque para reformar la normativa autonómica del sector entró en O Hórreo hace menos de un mes, el calendario político vuela. Los tres partidos respaldaron la vía de urgencia y la tramitación va camino de marcar un récord en los tiempos habituales. ¿Cuándo se aprobará? Si no hay sorpresas, el día 30. Menos claro está si para entonces se llegará con la misma unanimidad que tuvo la propuesta de modificación de los nacionalistas. El PSdeG pide sosiego, que los plazos no se atropellen ante el peligro de dar la espalda al consenso social, y populares y Bloque mantienen que es el momento de hacerlo y el calendario no se toca. Independientemente de las posturas de unos y otros, lo cierto es que hasta ahora nadie ha dicho claramente por qué tanta prisa.

Ni los propios partidos. Por la cuestión de la urgencia se pasó de puntillas en el Parlamento. "Ganar meses", dijo entonces el presidente de la Xunta para justificar los modos. Los populares coincidían con el Bloque en la necesidad de "reforzar el protectorado y el control público" sobre Caixanova y Caixa Galicia "sin politizarlas". La misma intención que había detrás de la firma del PSdeG. Ese mismo día Alberto Núñez Feijóo se encontraba por primera vez de forma oficial con los máximos responsables de las entidades, con el no rotundo de Julio Fernández Gayoso y la disposición a fusionarse de José Luis Méndez, y pisaba el acelerador de los siete días de margen para lograr un acuerdo. Un pacto que no llegó y toda la atención del debate se centró en la nueva norma.

Entre los sindicatos no se oculta que la maniobra de la Xunta busca "proteger su proyecto" desde dentro de los Consejos de Administración, sin olvidar que una hipotética fusión necesitaría dinero del FROB –empieza a sonar el verano como límite para acceder a los fondos– y que a finales de enero entra Rodrigo Rato en Caja Madrid y podría reactivar una posible alianza con Caixa Galicia. "A nosotros nos hubiera gustado tener más tiempo para el consenso", señala Julián Valiente, responsable del sector de banca en Comisiones Obreras. Al margen del apoyo de la organización a la integración de las dos cajas, de que creen que es posible renovarlas al 100% en una sola tanda y de que no compartan la nueva postura de los socialistas. "Hay que ser coherente", recrimina. Por esa misma razón, Valiente recuerda que los sindicatos no fueron los que apostaron por la vía de urgencia. "Entre otras cosas porque no contamos con un margen excesivo para hacer llegar nuestras propuestas y dialogar", asegura.

"En estos tiempos complicados, el diálogo no quiere decir prisas", defiende Xosé López Orozco. El alcalde socialista de Lugo, consejero en Caixa Galicia, lanza una nueva llamada "al sosiego". Está de acuerdo con la representación del Parlamento en las cajas, "sin que eso signifique ponerlas al servicio de un partido o en general de la política". "Iría –alerta– en contra del propio sistema económico". Ni que esa cuota se cubra a costa de los concellos, "que tenemos mucho que decir en las entidades". A la cuestión de las prisas contesta con otra interrogante: "¿Queremos transformar la ley de cajas en una Consellería de Facenda B, que lo que la consellería no pueda hacer lo haga con el dinero de las cajas?". Orozco, partidario de "una caja fuerte", reclama "sentido común". "Parece que lo único que importa es hacer esto y el resto me da igual, pero es que luego hay que gobernar las cajas", avisa.

Su homólogo en Ourense está especialmente molesto por el recortado papel que las enmiendas a la reforma reservan a las entidades locales. "¡Si fuimos nosotras las que impulsamos las cajas!", apunta Francisco Rodríguez, que insiste también en la cercanía de los ayuntamientos a la gente y el privilegio que eso supone para hablar sobre la Obra Social. "Tengo la sensación de que puede haber una tentación de intervencionismo –continúa–. Sinceramente no sé cuál es la razón de esta urgencia, a lo mejor me faltan datos".

La postura de ambos alcaldes y la de muchos otros la resume Carlos Fernández, presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). "Se abrió el debate público del sí o el no a la fusión en su momento y el Gobierno gallego, que tardó mucho en tomar las riendas, quiere ahora cerrarlo y callar las opiniones", señala. El principal inconveniente, según Fernández, es que en "ese golpe de timón" no cuenta con "los colectivos y sectores" que tienen que hablar sobre el futuro de Caixanova y Caixa Galicia. "Para hacer la ley del suelo se ha buscado el consenso con muchas reuniones, como está pasando ahora con la ley de aguas. Pues ésta es una ley fundamental que necesita maduración social", explica.

El primero que puso sobre la mesa la importancia de alargar el debate fue el regidor de Vigo, que ayer insistía otra vez en su "incredulidad" con el ritmo impuesto a las negociaciones del texto. "La intención de la Xunta –denuncia Abel Caballero– es cambiar la dirección de Caixanova para poner otra en su lugar que apruebe la fusión porque la actual le dio un no inmenso". "Los proyectos no se pueden acelerar de forma excesiva", resalta también Jaime Borrás, presidente del Círculo de Empresarios de Galicia-Club Financiero de Vigo.