El Club Financiero de Vigo intentará evitar la integración "de todas las maneras"

REDACCIÓN - VIGO El Club Financiero de Vigo mantiene inamovible su postura en contra de la fusión de las cajas al considerar que no está justificada con datos, y advirtió ayer que hará lo que esté en su mano para evitarla. "Vamos a intentar al máximo que esta decisión no se lleve a cabo. Lo intentaremos de todas las maneras, aunque nosotros no tenemos la firma final en el Diario Oficial de Galicia (DOG)", explicó su presidente, Jaime Borrás, tras reunirse con el alcalde, Abel Caballero. El regidor prosiguió su ronda de consultas con instituciones y colectivos y reclamó al presidente de la Xunta "que medite bien sus decisiones, porque puede cometer el mayor error en el que haya incurrido un político en Galicia".
Borrás demandó "sosiego" al Gobierno gallego y ratificó la posición del Club Financiero en defensa de que se mantengan las dos cajas y Caixanova continúe con su proyecto. "La SIP que plantea es razonable", alegó, para avisar de que "nadie ha dicho los motivos [por los que se promueve la fusión], y tiene que haber un tratamiento delicadísimo y respetuoso con lo que digan los órganos de gobierno de las cajas, porque se está jugando con el dinero de todos". Borrás, al igual que hizo antes Caballero, manifestó su respaldo al presidente de la Cámara de Comercio, José García Costas, acusado por el Partido Popular de oponerse a la fusión por intereses personales.
El alcalde aseguró que, en las reuniones que ha mantenido hasta ahora, percibe "una gran determinación de los empresarios y los sectores sociales de la ciudad en el mantenimiento de Caixanova, una institución financiera que es parte clave de Vigo, y una de sus señas de identidad más potentes". Caballero afirma sentirse "totalmente respaldado" en su posición por la dirección del PSdeG, y sostiene que el único objetivo del PP en la reforma de la ley de cajas es "poner una dirección nueva en Caixanova para que apruebe la fusión, porque la actual dijo un no inmenso".
El regidor considera que "la renovación acelerada, sin garantías, de una ley en 25 días, y la renovación de un consejo antes de dos meses, es una decisión que desafía el sentido común". Defendió la "valentía y dignidad" de García Costas, y alertó de que "el empecinamiento y la velocidad en tramitar esta ley puede suponer un error con un coste altísimo para Galicia".