El PSOE rechaza el plazo de dos meses propuesto por el PP para renovar los gobiernos de las cajas

Los socialistas expresan su "profunda preocupación" por la urgencia en tramitar la ley, ya que impedirá el "más mínimo consenso social"

 06:30  

X. A. TABOADA - SANTIAGO El Parlamento puso ayer en marcha la ponencia encargada de redactar la reforma de la Ley de Cajas y buscar un punto de encuentro entre el texto base promovido por el Bloque y las enmiendas presentadas por el PP y el PSOE. Se inicia ahora una contrarreloj cuya meta es el 30 de diciembre, día en que la norma se someterá al veredicto final del pleno de la Cámara. Hasta entonces, se mantendrá una intensa negociación entre los tres partidos.
Hay puntos de encuentro que no generarán discusión alguna, como la conveniencia de que sea el Parlamento el que elija a los miembros de las asambleas de las cajas y que su reparto respete la composición actual del Parlamento. Pero también habrá fricciones. Y una de ellas son las prisas del PP por proceder a la renovación de los órganos de gobierno de las entidades de ahorro. Los populares proponen que en el plazo máximo de dos meses a partir de la entrada en vigor de la ley se renueven las asambleas y los consejos de administración, lo que además supondrá que cesen en el cargo todos los miembros que superen los 70 años de edad.
Este calendario provoca el rechazo total del PSOE. "No es razonable ese plazo de dos meses", censura el portavoz de economía del PSdG, Xaquín Fernández Leiceaga, que planteará durante las negociaciones alargar los plazos. Para los socialistas, lo idóneo sería fijar un máximo de doce meses para la renovación de las cajas, dejando seis meses desde la aprobación de la ley para elaborar el reglamento de la Xunta que la desarrolle, otros tres meses para que las cajas adapten sus estatutos y tres más para modificar las asambleas y los consejos de administración, tal como figura en el texto base elaborado por el Bloque.
El desecanto también se produce por la agenda fijada por el Parlamento para aprobar la ley el 30 de diciembre. Fuentes próximas a las dirección socialista expresaron ayer su "profunda preocupación" por este plazo, "porque hará imposible el más mínimo consenso social" al impedirse las aportaciones y la participación de los agentes empresariales, sindicales, económicos y sociales en una norma tan importante para Galicia. "Va a ser una ley política pura", censuran las mimas fuentes.
El PSOE encuentra otros elementos de confrontación con respecto a las enmiendas del PP. Los socialistas consideran que se propone un excesivo número de representantes de los empresarios –cuatro– para entrar en las asambleas de las cajas, en detrimento de los sindicatos, y tampoco están de acuerdo con el sistema del PP para elegir a los miembros del consejo de administración.
Leiceaga entiende también que la representación que el PP concede a la comunidad autónoma en las cajas es demasiado alta. "Evidentemente, nosotros nos sentimos más cómodos con nuestros porcentajes", asegura el diputado. "Si el PP no cede nada, va a ser muy complicado llegar a un acuerdo", advierte el portavoz de Economía del PSOE.
El Partido Popular eludió valorar las enmiendas del PSOE mientras que el Bloque considera que hay espacio para el entendimiento porque ve que en los "temas esenciales" todos los partidos van por el mismo camino: el nivel de representación autonómica, la participación del Parlamento respetando el reparto de escaños, la capacidad de veto de la Xunta ante cualquier alianza y el refuerzo de las competencias de control y transparencia.
Sin embargo, para el BNG, el plazo de dos meses para renovar las cajas no será motivo de conflicto, a pesar de que propuso consumir los doce meses, "que es el plazo que generalmente se le da a todo tipo de leyes". "Pero si va mucho antes, pues vale", comentó el portavoz de Economía nacionalista, Fernando Blanco.
La ponencia parlamentaria redactará el jueves su primer dictamen de la reforma, lo que supondrá un buen indicador para comprobar la sintonía o desacuerdo de los grupos, aunque las negociaciones durarán hasta el 30 de diciembre. Forman parte de ella Pedro Puy y Alberto Sueiro por el PP; Leiceaga y María José Caride por el PSOE; y Fernado Blanco y Carlos Aymerich por el Bloque.

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