El PP nacional aboga por que la nueva ley española de cajas recorte competencias a las autonomías

R.G. - VIGO El Partido Popular nacional mantiene un discurso y una política sobre el futuro de las cajas españolas que en poco se asemeja al que promueve el PP de Galicia. En pleno proceso de elaboración de la nueva norma que regulará el sector financiero gallego, una ley que otorga a la Xunta más representatividad al poder político y mayor poder sobre la gestión diaria de las cajas, el PP nacional defiende justamente ideas contrarias: menos capacidad de influencia de las comunidades sobre la dirección de las entidades de ahorro, que deberían tener una naturaleza estatal y no autonómica, y retirar competencias a los estatutos regionales sobre esta cuestión.
El contenido de las enmiendas que los populares gallegos han presentado al texto sobre la Ley de Cajas redactado por el Bloque Nacionalista apunta a un mayor control e intervención de la esfera política sobre las cajas. El poder político -ya procedan sus representantes del Parlamento, de la Xunta o de "expertos" supuestamente independientes pero ideológicamente afines- no sólo tendrá una mayor presencia física en los órganos de dirección de las entidades, sino que se arrogará la capacidad de decidir la política de alianzas o fusiones -a través del veto- de las entidades y, más aún definiría la estrategia de inversiones y la obra social que desarrollen las entidades de ahorro.
Las enmiendas del PP gallego van en realidad en la dirección contraria de la apuesta que en Madrid está realizando el PP nacional. Álvaro Nadal, secretario de Economía y Empleo, es partidario que la futura Ley de Cajas española, cuya revisión anunció la vicepresidenta de Economía, Elena Salgado, para el segundo semestre de 2010, le otorgue más competencias al Estado en detrimento de los ejecutivos autonómicos. Nadal, que está dispuesto a llegar en nombre de su partido a un gran acuerdo con el PSOE, denuncia que "la situación actual está creando problemas".
El portavoz económico del PP nacional considera que la prioridad sería convertir la actual norma en Ley Orgánica para soslayar los problemas de competencia que pudiesen surgir con los estatutos autonómicos. Según publica el diario El Público, Nadal estaría dispuesto a ir mucho más allá, puesto que defiende que las cajas tengan un ámbito estatal, con una sede social para toda España y sometidas a la supervisión de un organismo estatal.
El PP nacional desea, asimismo, erradicar la politización de la gestión de las cajas y, en este sentido, estaría dispuesto a vetar la presencia de cargos públicos electos y, más importante aún, retirar la capacidad que ya disponen algunos gobiernos regionales de vetar los procesos de crecimiento, a través de una fusión u otras alianzas, de las cajas. Precisamente, entre las enmiendas presentadas por el Partido Popular de Galicia se recoge exactamente lo contrario.
La formación que dirige Alberto Núñez Feijóo aspira a blindar las competencias de la Xunta en este terreno, de forma que sea la Administración gallega la que tenga la última palabra sobre el diseño del proceso de reestructuración o expansión de las entidades. El propio Feijóo ya advirtió el pasado domingo que, aunque la nueva ley aún no estuviese en vigor, vetaría cualquier otra opción que no pasase por la fusión de las dos cajas.
Pese a las evidentes divergencias entre las posiciones de la dirección nacional y la autonómica del PP, los populares gallegos elaboran a contrarreloj la nueva norma por considerar que la aplicación de la futura ley estatal sólo les obligaría a retocarla en "unos flecos".