Ahora ya no se trata de un borrador, ni siquiera de un proyecto de ley en arranque. La nueva normativa para el sector eólico en Galicia, de la que saldrán los requisitos para los nuevos concursos de potencia tras la suspensión del reparto del bipartito y el polémico canon que tendrán que pagar los parques, está a punto de refrendarse en el Parlamento. La Comisión de Energía daba ayer el paso previo con la aprobación del texto articulado. "Va a tener un consenso profundo en el sector", mantiene Pedro Arias, diputado del PPdeG. Pues está claro que no. La patronal eólica gallega critica que "los graves defectos" de los que avisaron en la normativa persisten, que sigue sin ajustarse a los principios constitucionales y los empresarios están dispuestos a recurrir a los tribunales.

Desde la Asociación Eólica de Galicia (EGA) defienden que su intención no es reabrir el intenso debate, el enfrentamiento originado entre el sector y el Gobierno gallego tras la presentación del borrador de la ley y la decisión de la Consellería de Economía de Industria de suspender el proceso con el que el anterior Ejecutivo repartió 2.300 megavatios (MW), la mayor licitación de la historia de Galicia. Porque la patronal insiste en que las cuestiones en discusión ya están "suficientemente argumentadas". "Sólo –asegura la plataforma liderada por Manuel Gago– tratamos de advertir de las consecuencias que pueden derivarse tras no haber considerado las aportaciones de quienes desde los parques y las fábricas de componentes son parte sustancial del desarrollo de Galicia".

Con estas manifestaciones, los empresarios rompen el silencio que han mantenido desde que en septiembre hicieran llegar sus aportaciones a la ley. Un informe que, afirman, "proponía soluciones realistas y ajustadas a Derecho". "Sin embargo –mantienen en un duro comunicado–, una vez aprobado el texto de la ponencia de la Comisión de Energía, se observa que las mejoras propuestas no han sido tenidas en cuenta". EGA pone el acento en las "cláusulas discriminatorias" y las figuras "que establecen una doble imposición" en materia fiscal y que tampoco se han subsanado.

Una referencia directa al canon eólico que los operadores consideran "discriminatorio" por aplicar sólo al negocio del viento un impuesto medioambiental que tendría que pagar, en su opinión, cualquier empresa que supuestamente generara un efecto negativo al entorno. EGA destaca además que todos los proyectos pasan por informes de impacto y que cumplen con las leyes de protección del paisaje. De existir una afección, según la patronal, no supone una nueva "capacidad económica" dentro del sistema impositivo, por lo que el canon equivaldría a "un doble gravamen" para los parques. El sector recuerda que ya existe un Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) especial, los Bíces, para los aerogeneradores.

Sus quejas llegan también a la forma por la que optó Economía para paralizar el anterior concurso –una suspensión temporal en lugar de una revisión de oficio– y a la inseguridad jurídica que se crea para las futuras autorizaciones de parques. EGA "invita" a los grupos parlamentarios a "escuchar a los agentes del sector" para acabar con los "inconvenientes" de la ley. "Ese camino es mejor que un remedio posterior", advierten.

El PPdeG asegura que ha hecho "un esfuerzo" para darle al canon "todas las garantías de legalidad y que las afecciones existen y hay que pagar por ellas. Para los socialistas el canon es, sin embargo, una "treta", en palabras del diputado Abel Losada, para justificar la ley. Henrique Viéitez, del Bloque, acusa a la Xunta de defender "intereses ajenos" a la sociedad gallega.