Los cargos políticos no podrán formar parte de los consejos

Los grupos parlamentarios de PP, PSOE y BNG han presentado hoy, en que terminaba el plazo para hacerlo, las enmiendas a la reforma de la ley de cajas, una iniciativa que partió de los nacionalistas y fue aceptada recientemente en el Parlamento por unanimidad.

El popular Pedro Puy explicó que su grupo apuesta por que los representantes de corporaciones locales, del Parlamento, las entidades fundadoras y las que representan intereses colectivos en las asambleas y consejos de administración no podrán ser cargos de designación político ni mandato representativo.

También habrán de contar necesariamente con conocimientos y experiencia en materia económica, financiera y jurídica.

De manera parecida, el socialista Xaquín Fernández Leiceaga apuntó que el PSdeG apuesta por profesionalizar las cajas de ahorro, para lo que propondrá que en la futura ley que regule estos organismos se impida que quien ocupe un cargo político pueda figurar en un consejo de administración.

Así, el PSdeG tratará de excluir a todo cargo político, desde diputados, directores generales, alcaldes, concejales o asesores, de los consejos de administración de las cajas y la comisión de control, aunque sí permitirían que los diputados estén presentes en la asamblea general, pero sin eximirles de los requisitos de profesionalidad.

Mientras, el líder del BNG, Guillerme Vázquez, dijo no ver ningún problema en establecer el criterio de que los representantes de la administración gallega en los órganos de dirección no sean políticos en activo.

"Esa es una fórmula que, naturalmente, vamos a aceptar y que no constituye ninguna novedad", señaló, puesto que ya se ha puesto en práctica en el Parlamento en otras ocasiones, como en la elección de miembros del Consello Consultivo o el de Contas, pese a asegurar que no está de acuerdo con la idea de que la politización es mala "per se".

Los tres grupos, no obstante, no opinan de la misma manera a la hora de establecer una cuota de participación de la Comunidad autónoma en las cajas, inexistente hasta ahora. Así, PP y BNG sí coinciden en que debe ser del 20 por ciento, mientras los socialistas abogan entre el 13 y el 21.

Una de las novedades que propone el PP es establecer en 70 años la edad máxima para figurar en la asamblea y, por tanto, para figurar en el consejo de administración, lo que se extiende al director general, los directivos de sociedades participadas, fundaciones o entes dependientes.

Sin embargo, se establece la excepción a quienes viniesen ocupando puestos de dirección hasta el momento de entrada en vigor de la ley.

Preguntado por si, con esta norma, podría seguir el presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, que supera los 70 años, Pedro Puy apuntó que la reforma legislativa no está pensada para nadie en concreto y, en todo caso, recordó que el directivo terminará su mandato en un plazo relativamente corto.

Además, socialistas y nacionalistas mantienen posturas diferentes respecto a los mecanismos para mantener la galleguidad de las cajas. Así, Xaquín Fernández Leiceaga apuntó que los socialistas no optan por impedir cualquier alianza externa de las cajas a través de la ley, al entender que no es "sensato" porque la evolución del sistema financiero es tal que pueden darse distintas circunstancias.

Pero sí han elegido, dijo, establecer mecanismos, para todo tipo de fusiones o alianzas como las SIP, un sistema en el que sea la Xunta y no la conselleira de Hacienda la que tome la decisión final, lo que a su juicio obliga a un debate público de la decisión.

Por contra, el BNG pretende "blindar" la capacidad que ya tiene el Gobierno gallego en relación a cualquier fusión o alianza que puedan realizar las cajas gallegas, especialmente en relación a un Sistema Institucional de Protección.

El BNG propone también en sus enmiendas que la administración gallega pueda, por primera vez, coordinar las inversiones y la obra social de las cajas que tienen presencia en Galicia, pero que tienen su sede social fuera.