La Xunta blindará en la nueva ley su poder de veto sobre alianzas foráneas de las cajas

JULIO PÉREZ - VIGO Con la presión del calendario para aprobar la nueva ley gallega de las cajas de ahorros antes de que acabe el año, a sólo unas horas ya de que se cierre el plazo para presentar las enmiendas a la propuesta del BNG aprobada por mayoría en el Parlamento y con la que se abrió la puerta a la reforma, populares y socialistas cierran los últimos flecos de sus aportaciones. Que precisamente no van por la letra pequeña. Como adelantó desde el mismo momento en que salió adelante en O Hórreo, el PPdeG pretende darle la vuelta al texto de los nacionalistas y su mayoría le garantiza, a la espera de posibles acercamientos con la oposición, que su proyecto no tendrá problemas. Una de las incorporaciones, según confirman varias fuentes, será la regulación del Sistema Institucional de Protección (SIP). De las alianzas con entidades foráneas por las que apuesta Caixanova, contraria a la unión con Caixa Galicia. El objetivo es asegurar que el Gobierno gallego tenga la capacidad de veto que el presidente, Alberto Núñez Feijóo, quiere usar si no prospera la fusión entre ambas, que es su apuesta pública.

En la actual normativa para el sector en Galicia no hay ninguna mención expresa al SIP, aunque uno de sus artículos, el 35.3, sí recoge una autorización previa de la Consellería de Facenda para los pactos que persigan reducir costes, aumentar la eficiencia o mejorar las condiciones del volumen de las cajas implicadas para acceder a los mercados internacionales del capital. El permiso de la Xunta está condicionado sólo a los casos en los que supuestamente exista un peligro para la independencia de la entidad o de su estabilidad económico-financiera. Las enmiendas del PPdeG quieren, entre otras cuestiones, eliminar estos requisitos para posicionarse ante un SIP y dejar la última palabra siempre en boca del Ejecutivo.

Los posibles porcentajes que manejan los populares para que por primera vez la Xunta, sea directamente o a través del Parlamento, se siente en las asambleas de las dos cajas e incluso en los consejos de administración no está cerrado del todo. Sí está claro que se quedará por debajo del 20% que quiere el Bloque porque, sencillamente, con la cuota que la ley estatal reserva a otros organismos públicos, las cuentas no dan. No se puede superar el 50% de los miembros.

Porque la Ley de Órganos de Representación de las Cajas de Ahorros (Lorca) que depende del Gobierno central sienta las bases para las normativas autonómicas de las entidades. Y su reforma está también en la agenda política, aunque a más largo plazo –en verano, según anunció la vicepresidenta económica, Elena Salgado– y con el objetivo de despolitizar el sector. Una puerta abierta a rebajar, precisamente, los porcentajes de consejeros y representantes en las asambleas que dependan de los organismos públicos.

En el PPdeG son conscientes de que probablemente habría que hacer cambios en la ley gallega, que se prevé aprobar antes de que acabe el año. Los populares, sin embargo, hablan de "retoques" o "ajustes" e insisten en que con la reforma la Xunta no persigue politizar las cajas gallegas, sino "profesionalizarlas".

Por eso en la batería de enmiendas que se están cerrando hay también varias destinadas a reducir "lo máximo posible" los plazos para que las cajas se adapten y revisar los procesos de elección de los consejeros. Que sean más transparentes y que recojan "realmente" el ámbito territorial en el que operan ambas entidades. De ahí el mensaje que intenta lanzar Feijóo a los políticos y empresarios del sur que se oponen a la fusión: que Caixanova y Caixa Galicia son cajas "de toda Galicia".