Feijóo niega que se "privaticen" los centros de día y avisa que se gestionan con la ley del bipartito

REDACCIÓN - SANTIAGO El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, negó ayer que su Gobierno esté "privatizando" los servicios públicos y advirtió a los nacionalistas de que su gestión de este área se sustenta en la Ley de Servicios Sociales de Galicia aprobada por el bipartito "con los votos del BNG".

Así respondió a una cuestión formulada en el pleno de la Cámara por el portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, quien acusó a la Xunta de "malvender" a empresas privadas el patrimonio –en referencia a los centros de día– construido "con dinero de todos los gallegos" y de "coaccionar" a los alcaldes para ganar su apoyo.

"No hay privatización; la tarifa, los precios, las prestaciones y la calidad son públicos y la dirección será nombrada por una Administración pública", replicó el mandatario autonómico y proclamó que el logro de su Gobierno será demostrar que los servicios públicos "también pueden ser eficientes".

En este punto, reiteró que velará por la "calidad y eficiencia" de los servicios públicos huyendo "de la burocracia". "A ustedes les gustaba la burocracia, a nosotros nos gusta la asistencia", incidió y, a modo de prueba, señaló que cerrará su primer año de legislatura con 617 nuevas plazas en centros de día, "un 61 por ciento más" de la oferta que dejó el bipartito.

Aymerich se preguntó cómo va la Xunta a "ahorrar el 25% que promete" si hay que "reservar una parte" para el beneficio de las empresas. "Salvo que se aplique el modelo San Rosendo, de quedarse con el patrimonio de la gente", ironizó.

Feijóo también defendió las medidas adoptadas por su Gobierno para garantizar el reequilibrio territorial "en una Galicia global", mientras que el líder del PSdeG, Manuel Vázquez, le acusó de querer "dar la puntilla" al interior de la comunidad y de consolidar una Galicia "de dos velocidades".

Frente a las críticas del presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Núñez Feijóo aseguró que la inversión per cápita de su Gobierno en Lugo y Ourense –con una media de 1.200 euros por habitante– supera en un 60% la realizada en las provincias atlánticas –800 euros–.