La doble intención de la ´due-diligence´

J. PÉREZ - VIGO Tras la esperada comparecencia del presidente de la Xunta el pasado miércoles para anunciar oficialmente que su objetivo es que Caixanova y Caixa Galicia se fusionen, una buena parte del debate sobre el futuro de las dos cajas se centra ahora en la auditoría encargada para "blindar la solvencia" de la unión. Una due diligence o una investigación externa para dar con las fortalezas, pero también con las debilidades, de la operación. A la justificación inicial del estudio, que se verifiquen de los datos aportados por ambas cajas, une ahora el Gobierno gallego la necesidad legal. Efectivamente, es uno de los criterios que la normativa sobre el sector en la comunidad exige, pero dentro de un proyecto de integración aprobado por los respectivos consejos que hoy no existe. El informe se adelanta.
Sobre los trabajos vuelve a hablar Núñez Feijóo. "Esta auditoría está exigida por la legislación vigente, está exclusivamente orientada a garantizar la solvencia", apunta. Su responsable de Facenda enmarca el encargo en su papel "de árbitro y supervisor". Marta Fernández Currás alega que son análisis "de lo más habitual" en el "tráfico mercantil" como "procesos previos a las fusiones" para "certificar la bondad" de los datos. Porque la conselleira admite que hay "diferencias o discrepancias importantes".
En su boca vuelve a salir "la legislación bancaria" y la "exigencia" del Banco de España a la elaboración de estos informes que, según la ley de cajas de Galicia, es uno de los elementos a incluir en un plan de fusión que deben aprobar los consejos, junto con las nuevas escrituras o el cronograma de la operación.
Por eso desde el Club Financiero-Círculo de Empresarios de Vigo –que se ratifica en que sigan por separado a la espera de los nuevos datos, aunque tendrían que ser "muy rotundos" para cambiar su opinión– no consideran que se trate de una due diligence. "Ese documento debe comprobar toda la información y datos que se han dado por supuestos", asegura su presidente, Jaime Borrás, que recuerda el "orden alterado" por la Xunta por decidir antes de que esté el informe.