La Xunta adapta la directiva europea que facilitará el paso de trabajadores lusos a Galicia

X. A. T. - SANTIAGO El Consello de la Xunta aprobó ayer el anteproyecto de ley ómnibus que servirá para adaptar de una tacada 24 normas gallegas a la directiva de la UE sobre servicios que, entre otras novedades, hará más permeable el paso de trabajadores entre Portugal y Galicia. Debido al menor coste de mano de obra en Portugal y a que en el futuro ya no será obligado que las empresas lusas tengan sede en Galicia, se prevé que en determinados empleos y servicios la presencia portuguesa se acentúe en la comunidad gallega.
Arquitectos, ingenieros industriales, fontaneros, electricistas, operadores de turismo, mecánicos o comerciantes ambulantes, entre otros profesionales, podrán operar libremente en Galicia el próximo año. Pero también aquellas empresas dedicadas a prestar servicios de mantenimiento, como en hospitales o en la hostelería.
"En el momento en que los particulares y, sobre todo, los empresarios que precisen de los servicios de esos profesionales titulados detecten diferencias retributivas, los estímulos para contratar a quien quede al otro lado de la frontera crecerán proporcionalmente con el ahorro de costes que suponga el pago de estas tarifas", advierte un alto cargo de la Xunta.
El intercambio de trabajadores se producirá entre ambos lados de la frontera, pero es de esperar que ante los salarios más bajos en Portugal, el tránsito hacia Galicia sea más intenso que al revés.
El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, que ayer ejerció la presidencia del Consello en ausencia del titular del Ejecutivo, Alberto Núñez Feijóo, de viaje oficial en Iberoamérica, destacó la importancia de esta ley, que surge de la transposición a la normativa gallega de la directiva de servicios de la UE.
Según Rueda, Galicia de esta manera es la comunidad que impulsa un programa de reformas más ambicioso y se sitúa "a la vanguardia", puesto que el anteproyecto adapta 24 normas, mientras en otras autonomías como Castilla-León sólo cambian 18, Madrid, 16 y 14 Canarias.
El conselleiro insistió en que se trata de restar burocracia en lo que sea posible, al igual que reducir la intervención de la administración, con el objetivo de agilizar las iniciativas emprendedoras.
Según explicó, cuando la norma haya pasado por el Parlamento, se reducirán más de 50 autorizaciones que ahora precisan las empresas y particulares para ejercer su actividad, lo que será sustituido por una comprobación posterior por parte de la Xunta.
De esta manera, subrayó, ya no será necesario pedir autorización a distintos departamentos autonómicos para realizar actividades, simplemente se deberá comunicar el comienzo de la actividad, y será el Gobierno autónomo el que hará un trabajo de comprobación, lo que según el conselleiro supondrá una agilización en las actividades emprendedoras.