Un plus adaptado a la crisis

M. VÁZQUEZ - SANTIAGO Tras la confirmación de que el próximo año los salarios de los funcionarios gallegos quedarán congelados, parece que los complementos, incluso aquellos que pretenden fomentar la productividad, también tendrán que adaptarse a la crisis. La Xunta quiere predicar con el ejemplo, pero sin renunciar a incentivar a sus empleados. Por eso, y en respuesta al incremento del trabajo que ha supuesto la crisis económica para los funcionarios judiciales, el Gobierno gallego pretende recompensarles con un complemento de 10 euros al mes. Este pequeño incentivo beneficiará a los 2.718 funcionarios e interinos que trabajan en la Administración de Justicia y dependen de la Xunta, un colectivo que incluye a los médicos forenses y a todos los funcionarios de juzgados, fiscalías, registros y demás oficinas judiciales de la comunidad.

El plus, publicado ayer en el Diario Oficial de Galicia pero con vigencia desde el pasado 1 de julio, cuenta también con el respaldo de los sindicatos con representación en el sector, que el pasado mes de julio firmaron con la Consellería de Presidencia un acuerdo para "establecer un programa de actuación en la Administración de Justicia para fomentar la productividad".

Pero a pesar de su modesta cuantía, el objetivo de este complemento es bastante ambicioso. De hecho, la Xunta justifica esta medida con el objetivo de "estimular la implicación" del funcionariado "para responder a la mayor litigiosidad" que soportan los juzgados gallegos debido a la crisis. De hecho, el aumento "cuantitativo de la carga de trabajo" que continúan experimentando los jugados de la comunidad hace "necesario", como señala el acuerdo, "proporcionarles estímulos" a los funcionarios judiciales para "fomentar su implicación en responder a esta situación de sobrecarga".

El complemento no tiene plazos y su continuidad parece en principio vinculada al exceso de trabajo que satura a la Justicia gallega. Desde mediados de 2008, de hecho, los juzgados de toda España empezaron a registrar un notable incremento de su carga de trabajo debido al aumento de los casos relacionados con conflictos laborales, reclamaciones de deudas, despidos o empresas declaradas en quiebra.