El choque de dos reformas legales

J. PÉREZ / J. PASTORIZA - VIGO Entre las dos habrá, si se cumple el calendario que cada administración maneja, unos cuantos meses de diferencia. Las dos nacen con el mismo propósito, aunque diferente filosofía. Tan diferente, que todo apunta a que acabarán topándose de frente. La Xunta abrió la puerta de par en par a la reforma de la actual ley de cajas de ahorros de Galicia con la aprobación por unanimidad en el Parlamento de una proposición del Bloque que el PP ya avisó de que enmendará, y mucho, pero manteniendo la intención de que el Gobierno gallego y posiblemente miembros de la Cámara tengan voz y voto en las asambleas de las dos entidades y se sienten además en sus consejos de administración. El Gobierno central está dando también los primeros pasos para modificar la normativa estatal que regular, precisamente, la representación en los órganos de representación en el sector, una idea que el PP nacional avala, con el objetivo contrario, el de despolitizarlas.
Con la Ley de Órganos de Representación de las Cajas de Ahorros (Lorca) en vigor, el límite máximo establecido para los representantes de administraciones públicas se fija en un 50% de la asamblea. Un techo que recoge la normativa gallega. ¿Qué ocurriría si ese porcentaje baja en la reforma que prepara Moncloa para después del verano? Que el texto gallego debería adaptarse de nuevo y recortar la participación de los otras administraciones públicas –corporaciones municipales– o los asientos destinados a fundadores o a organismos económicos y culturales vinculados al territorio de las cajas para poder mantener la cuota que finalmente establezca para la Xunta y el Parlamento.
Ante la prisa que el Ejecutivo central tiene para la reestructuración del mapa financiero, la vicepresidenta Elena Salgado justifica que la aprobación de la reforma de la Lorca se deje para el verano. "Un poco de prisa", invita la vicepresidenta al sector, pensando en las operaciones entre cajas, la "prioridad" ahora. Un proceso en el que el Gobierno, según Salgado, no quiere interferir ahora con una nueva normativa pensada para hacer a las cajas "más competitivas".
Ésa es también la demanda de la patronal. El presidente de la Confederación de Cajas de Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintás, insiste habitualmente en la necesidad de acabar con el "conflicto de intereses" que reflejó el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la OCDE en sus análisis del sector con la inclusión en los órganos de decisión de las cajas de las mismas administraciones que luego dictan normativas para regularlas.
El día 12 el PPdeG presentará sus enmiendas a la proposición no de ley del Bloque para la ley gallega. La Xunta prevé que se apruebe antes de que acabe el año. La aspiración es recortar al máximo los plazos, incluso en los cambios de los consejos para mover la fusión desde dentro. La piedra en el camino podría estar en el recurso que podrían presentar los representados que se sientan perjudicados por el cambio.