De la tranquilidad a 7 días de vértigo

JULIO PÉREZ - VIGO Aquel día que Alberto Núñez Feijóo firmó su contrato con Galicia, en pleno corazón de Santiago y con la residencia oficial de Monte Pío detrás, el entonces futuro presidente de la Xunta poco tenía que decir de las cajas. En ese contrato, la base del programa electoral que lo catapultó al timón del Ejecutivo gallego el 1-M, la reforma de la ley del sector aparecía en la lista de proyectos secundarios, lejos de las patatas calientes a resolver en los primeros cien días de legislatura, y con la idea de acercarlo más al tejido productivo y la sociedad gallega. La crisis retumbaba con fuerza ya –fue, de hecho, una de las claves de la contienda electoral–, pero parecía que el negocio financiero aquí iba aguantando el tirón. Claro que sólo unos días después de la vuelta del PP a San Caetano el Banco de España anunció la intervención de Caja Castilla-La Mancha y los analistas económicos encendieron las luces de alerta. Ahí empezó todo. Muchos meses de calma chicha que se precipitaron en siete días vértigo. Pocos temas como el futuro de las cajas han dado tanto que hablar en la historia reciente de Galicia.

1 de junio. Al calor de los primeros, y tímidos, movimientos entre las cajas del país, Feijóo muestra la postura de la Xunta. "No vemos una oportunidad de plantear una fusión, sería una precipitación", aseguraba. No había espacio en la agenda del nuevo Ejecutivo, enfrascado en reformas legales y de planes heredados del bipartito. La preocupación a punto de entrar en el verano era la falta de efectivos para combatir los incendios.

La aparente tranquilidad se vio sacudida por el firme propósito Caja Madrid de hincarle el diente a Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y a Caixa Galicia para formar una entidad capaz de hacerle sombra al gigante catalán, a La Caixa. Eran las elegidas en una profunda radiografía que la entidad presidida por Miguel Blesa realizó entre todas las cajas españolas. Y las reacciones no se hicieron esperar. El equipo de José Luis Méndez lanzó un comunicado desvinculándose de cualquier plan así y Feijóo volvió a hablar del escenario, con el tono ya más elevado. "A la Xunta le corresponde por el Estatuto de Autonomía cualquier decisión sobre la cajas", avisó.

En el seno de Caixa Galicia aseguran que ya en aquel momento, meses antes incluso, estaban trabajando en las líneas maestras de su futuro ante los enormes cambios que se avecinaban. En Caixanova también. Y las posturas ya estaban claras. La precipitación del nuevo puzzle del sector y las prisas que pidieron el Gobierno central y el Banco de España provocaron los estudios internos de ambas entidades. La caja viguesa, con hasta 14 razones para apostar por un SIP con entidades de fuera y el apoyo del núcleo de empresarios del sur de la comunidad y el alcalde de Vigo, que fueron oficializando su opinión cuando vieron los primeros pasos de la Xunta para unir a ambas cajas; el propósito también de Caixa Galicia, la unión para ganar músculo financiero y por el respaldo social, apoyada a su vez en los últimos días por el regidor coruñés y los empresarios del norte.

A los siete días de margen que Feijóo dio para "reflexionar" su decisión con las propias cajas y los agentes sociales se llegó con todo el pescado vendido. En un encuentro sin luces ni taquígrafos el presidente de Caixanova le comunicó a la Xunta su total negativa a integrarse con Caixa Galicia. Julio Fernández Gayoso tenía el aval de su consejo de administración. Por eso cuando se volvieron a ver las caras ya con una convocatoria pública y en compañía también del director general de Caixa Galicia el encuentro dio poco más de sí que el morbo de una fotografía que abrió la caja de Pandora de los supuestos datos que avalan una o otra postura y que, de momento, nadie ha desvelado.