Valencia descarta vetar una alianza de la CAM con entidades de fuera y deja libertad a las cajas

"El Gobierno no tiene preferencias, respetará las decisiones de las cajas con argumentos técnicos", dice Camps

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REDACCIÓN - VIGO En el discurso de la Generalitat Valenciana hay un antes y un después desde que su vicepresidente y consejero de Economía comentara las posibles dificultades que la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) el próximo año. Gerardo Camps llegó a hablar de pérdidas. Un comentario que horas después remendó el Ejecutivo y que el protagonista achaca a "un malentendido". El Gobierno regional estaba dispuesto a forzar como fuera una fusión entre las entidades de la comunidad –la CAM con Bancaja y Ontiyent–, pero ahora no sólo deja todas las decisiones en manos de sus órganos de gobierno, es que además descarta oponerse a cualquier alianza de las entidades con otras de fuera.

Primero, porque la ley valenciana para el sector no regula el Sistema Institucional de Protección (SIP). "Es que no puede vetarla", admite Camps en una entrevista en el diario Información, del grupo EPI, la misma compañía que edita FARO. Aunque tuviera esa opción en la mano, la Generalitat no lo haría. "No ejerceremos ningún tipo de veto, incluso si se plantean alianzas con cajas de fuera de nuestra comunidad", añade.

El Gobierno valenciano, según Camps, no tiene preferencia por ninguna alternativa. "Pueden ganar tamaño tanto con fusiones dentro de la comunidad, como fuera –señala–. Y ése es un debate económico que deben abordar lo órganos de gobierno de las cajas". "El Consell respetará las decisiones de las cajas con argumentos técnicos", afirmó Camps.

El enésimo intento para acercar posturas entre la CAM, alicantina y especialmente reacia a la integración, y Bancaja, asentada en Valencia –existe un profundo enfrentamiento localista entre ambas– fue la idea de dejar en Alicante la sede en una posible fusión. "Sería el mayor hecho vertebrador de la comunidad", mantiene Camps. Un planteamiento que no desagrada en la CAM, aunque sus consejeros aseguran que el principal escollo no es ése, sino el impacto coste social por el solapamiento de redes. El director general de la entidad interpreta el mensaje. "Lo que ha dicho es que abre la posibilidad a respaldar cualquier proyecto planteado de forma sensata", opina Roberto López Abad. La CAM se siente ahora "con más grados de libertad".

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