JULIO PÉREZ - VIGO
Tan sólo siete días pasaron entre la resolución del Consello Consultivo sobre el decreto que regulará el Plan de Vivenda hasta 2012 y la aprobación de la normativa en el seno de la Xunta. Poco margen, pues, para incorporar cualquier posible modificación. De hecho, el texto que entró en el organismo –al que obligatoriamente la administración debe recurrir antes de darle el visto bueno a una ley, aunque su dictamen no es vinculante– es prácticamente el mismo que lleva en vigor algo más de un mes pese al voto contrario por unanimidad de los asesores técnicos y jurídicos. Su conclusión es clara. El decreto, por entonces proyecto, "resulta contrario al ordenamiento jurídico". Y no precisamente por cuestiones menores.
La normativa, que recoge las ayudas para la adquisición de inmuebles o los criterios para convertir vivienda libre en protegida, presenta, según el Consello Consultivo, "desajustes importantes" desde el punto de vista técnico. No sólo en aspectos puntuales, "sino incluso a la concepción de la norma en sí misma". Algo de lo que los expertos alertaron a principios de agosto cuando recibieron el primer borrador.
El organismo entonces devolvió al Gobierno gallego el expediente para que completara su tramitación y subsanara los abundantes errores. El documento regresó el 15 de septiembre al registro del Consultivo sin que sus consideraciones anteriores "encontraran eco en la medida en la que cabría esperar". Todo lo contrario. Dos de los requisitos que sí reunía en la primera entrada dejaron de cumplirse: el informe de legalidad de la Secretaria Xeral y la aprobación del conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
Una de las grandes quejas del Consultivo está relacionada la promoción de pisos protegidos. El decreto establece que el número de actuaciones en esa materia no superarán los cupos fijados en el convenio que la Xunta firmó con el Ministerio de Vivienda. "La remisión a dicho convenio –destacan los asesores legales– hace que el texto del proyecto resulte inviable, ya que supone sustraer al conocimiento público una parte del contenido de la norma".
¿Cuánto puede durar el régimen de protección para un inmueble? Aquí el Consultivo ya habla de un posible daño a la seguridad jurídica del decreto porque se mezclan dos regulaciones diferentes, sobre alquiler y venta, cuando se habla de las posibilidades de pasar de un uso a otro "bajo términos que no resultan comprensibles y aparentemente aleatorios".
En el capítulo dedicado a ponderar los ingresos de los solicitantes de las ayudas para la compra, el análisis jurídico revela la "confusión" que supone desligar el tema en cuestión de las normas sobre renta máxima y mínima de los beneficiarios. Las complicaciones van más allá en los supuestos para la devolución de las subvenciones. Directamente, según el Consello Consultivo, "no se entiende a qué se refiere" y pide una nueva redacción "en razón de la seguridad jurídica".
Entre los cambios que sí incluyó la Xunta antes de aprobar el decreto está la inclusión de los préstamos convenidos para financiar las actuaciones protegidas –antes sólo se hacía mención a las subvenciones– y un nuevo título para el artículo que establece el fomento de la compra de suelo para viviendas públicas. Pero precisamente en este último caso vuelve a caer en el error de "una desregulación notable de la materia". Sobre las ayudas para estas operaciones únicamente remite a "órdenes de convocatoria", con lo que, según los juristas, "podría contravenir el principio de jerarquía normativa".
Galicia en imágenes
