EVA GONZÁLEZ - A GUARDA
De poco les vale a una veintena de familias de A Guarda mostrar los documentos que acreditan todos y cada uno de los trámites previstos en las leyes para levantar una vivienda. No es suficiente. Por orden judicial, a partir del próximo martes los inmuebles serán pasto de las excavadoras. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló en 2007 sus licencias municipales, concedidas entre 1999 y 2000 por tres alcaldes diferentes, dos de ellos del PP y uno del PSOE, amparándose en que el concepto "suelo de interés paisajístico" al que echó mano el concello en una ordenanza para dar los permisos no existe. Se trata, según la sentencia, de "suelo de protección paisajística", con lo que cualquier obra está prohibida. La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística da ahora un paso al frente para cumplir la resolución ante la indignación de los afectados, dispuestos, avisan, a dejarse la piel "ante las piquetas".
Varios agentes la Policía Autonómica realizaron ayer un reconocimiento previo del terreno y preguntaron a afectados si habían desalojado ya las casas. Las órdenes de derribo llegan una detrás de otra. Hay seis ya dictadas, una para una vivienda ocupada. Porque muchas de las 21 edificaciones están todavía en proyecto, cinco; o en construcción, doce.
"Pedimos que reabran el caso porque seguro que el juez verá que no hay ninguna ilegalidad por nuestra parte", suplican los dueños, que insisten en que son víctimas y "no culpables". "La justicia se equivocó, alguien engañó al juez, porque los vecinos compramos los terrenos, pagamos los impuestos, fuimos al Registro de la Propiedad y a la Notaría, y nadie nos advirtió de ilegalidad –añaden–. ¿Vamos ahora a dormir bajo un puente?". Uno de ellos, Elías, lo deja bien claro: "La piqueta está a las puertas de nuestras casas, pero veremos cómo nos sacan".
Él mismo cuenta la situación de una mujer mayor que "no deja de llorar" pensando en sus nietos; o de otro de los bloques, donde hay un propietario en paro y una hipoteca por medio sobre la vivienda de su padre. "No hay obras ilegales, sino alcaldes que dieron licencias en suelo de interés paisajístico que no debían", precisan. Ante la impotencia, la pérdida de esperanza, reclaman que si el derribo es inevitable "que venga la pala, pero acompañada del cheque de cada indemnización".
Una de sus grandes quejas, al margen de la sentencia judicial, es la "relativa tranquilidad" que les trasladó el Concello en estos últimos años. José Ángel Verde, propietario también, mostraba ayer un documento que acredita que en el consistorio sí conocía la existencia de denuncias contra las licencias, algo que "se nos ocultó".
¿A quién pueden recurrir? Quien lo hizo contra el ayuntamiento se encontró con el rechazo del Juzgado de lo Contencioso-Admistrativo número 2 de Pontevedra, que responsabiliza a la Xunta por no actuar cuando le tocaba, tras recibir la documentación sobre la tramitación de las licencias. El alcalde y afectados se reunieron ayer para detallar la exposición del problema ante el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, con el que se entrevistan el lunes. Todos los grupos políticos manifestaron su solidaridad y apoyo a los afectados.