Las claves de una ley en tiempo récord

JULIO PÉREZ - VIGO En apenas tres días y contra todo pronóstico, la reforma de la actual ley de cajas de ahorros en Galicia se ha convertido en una prioridad de la agenda política. Los tres partidos decidieron en el Parlamento tirar por la vía de urgencia. A nadie se le escapa que, como en otras cuantas comunidades, el gran objetivo es reforzar la participación del Gobierno gallego en los órganos de dirección de ambas entidades ante la reestructuración que está viviendo el sector. Hay una propuesta, del Bloque, que los populares votaron a favor, aunque pretenden variar, pero que sirve de ejemplo, de hoja de ruta, para saber por dónde van a ir los tiros, detalles concretos aparte. Todos los cambios pivotan sobre los argumentos que salen día a día en el debate sobre el futuro de Caixanova y Caixa Galicia.

1 La vinculación con la economía gallega. Una de las principales novedades incorporadas por el BNG en la regulación es la mención explícita al “tejido productivo” de la comunidad. Las cajas tendrían como “misión” fortalecer los lazos con las empresas y “apoyar la financiación de sectores estratégicos”.

2 En línea con eso, una vuelta de tuerca a los “principios generales de actuación” de las entidades. Más allá de su doble carácter social y fundacional, la única mención en este capítulo en la ley actualmente en vigor, el documento apuesta por fijar las actuaciones que deben realizar, a quién apoyar –empleo, I+D, fines de interés público en general– y establecer por escrito la obligación de “asegurar” su propia “estabilidad” con “una gestión eficaz de los recursos”.

3 Situación de déficit patrimonial. Con la aparición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el conflicto competencial abierto con el Gobierno central por los trámites para acceder a los fondos, la propuesta de los nacionalistas recoge la “obligación” de que la consellería competente tenga voto en el proceso.

4 Cuotas participativas. Lo más parecido a las acciones empresariales en las cajas. La nueva normativa tendrá que regularlas. La cuestión es si para dotarlas o no de derechos políticos, de capacidad para decidir en las entidades por parte de quien las compre. El BNG apuesta por la segunda opción.

5 El registro de actividades e intereses de los directivos de las entidades no es nuevo, pero sí que desaparezca el “carácter informativo” del documento y que tengan que actualizarlo todos los años.

6 La composición de la asamblea, sobre la que recae la última palabra en alianzas y fusiones. Aquí con toda seguridad coincidirá el proyecto del BNG y el que finalmente se apruebe –a falta de concretar el porcentaje exacto–, con la incorporación de representantes de la Xunta. ¿A costa de quién? La proposición aprobada en el Parlamento borra los representantes de fundaciones y asociaciones culturales, económicas, científicas o benéficas de las localidades en las que se asienten las cajas. Un 20% de la representación se le da a la Xunta, que podría ser incluso más si no existen o no están identificadas las personas o entidades con derecho a formar parte por su calidad de fundadoras. La participación pública no podrá superar el 50% –eso ya lo marca la ley estatal–, pero en la práctica supondría casi la mayoría en manos de Xunta, ayuntamientos y otras administraciones.

7 La figura del director general en el consejo de administración. La propuesta aboga por quitarle el voto.

8 Dos nuevas comisiones. Una para vigilar las retribuciones de los directivos y otra para las inversiones, que la Xunta identificaría previamente cada ejercicio con la colaboración de las cajas. Otra de las novedades está en que el control de la Administración sobre partidas elevadas o compras se traslada también a las empresas en las que Caixanova o Caixa Galicia cuenten con el capital mayoritario.

9 Fusión. La actual ley dejaba en manos de futuros reglamentos los requisitos y el procedimiento a seguir en caso de fusión. La propuesta condiciona la operación a que se mantenga la sede en Galicia, se consiga más capacidad de financiación para las empresas, el mantenimiento de “un adecuado nivel de empleo” y la vinculación de la Obra Social. Una de las disposiciones adicionales da vía libre a la Xunta a adoptar “cuantas medidas sean necesarias” para impulsar la fusión entre las cajas gallegas “si las circunstancias” lo requieren.

10 La tramitación. ¿Todo cambiará en el momento en el que se apruebe la reforma? A finales de año, según la Xunta. Llevará su tiempo. Porque hay que renovar los consejos y las asambleas para adaptarse al nuevo reparto de poder, con un plazo de un mes a partir de la aprobación de los nuevos estatutos. Porque hay que cambiarlos también. En ese periodo los directivos seguirán siendo los mismos. Todo, además, a la expectativa de que ninguno de los organismos que están ahora presentes en las decisiones de las cajas se sientan perjudicados y decidan batallar en contra. Una opción que se baraja ya entre algunos.