JULIO PÉREZ - VIGO
En el seno de Caixanova, la idea de la fusión intrarregional era sólo una solución más entre los posibles caminos a tomar ante la reestructuración del sector. Y se debatió. Al menos es lo que dicen fuentes cercanas a la caja y el propio director general, José Luis Pego, en la circular que la pasada semana remitió a todos sus trabajadores. Era su “deber” como “profesionales”. Pero las repercusiones de una integración con Caixa Galicia no convencieron y la prioridad desde el principio, desde el comienzo del culebrón, es seguir en solitario y “si no es posible”, darse la mano con una entidad foránea bajo el paraguas del Sistema Institucional de Protección (SIP), que respeta la marca y la sede.
Uno de sus consejeros, el presidente de la Cámara de Comercio de Vigo, José García Costas, escenificaba recientemente ante los medios de comunicación lo que el presidente de la caja, Julio Fernández Gayoso, le trasladó a Feijóo en privado en su anterior encuentro. Que la caja tiene “clarísima” su negativa a una operación interna en la comunidad y que trabaja en otros escenarios. En esa alianza “con las mejores cajas” para adaptarse a “un nuevo entorno de mercado que está alterando las dinámicas competitivas, introduciendo fuertes presiones para aumentar el tamaño de las entidades”.
La batería de razones, 14 en total, a favor de un SIP funciona como alegato contra cualquier operación con Caixa Galicia, a la que, por cierto, ni se nombra en esa comunicación a los empleados.
Reestructuración. El impacto en oficinas y servicios centrales es “reducido”.
Empleo. Un efecto “similar” al recorte que tendría que asumir para seguir en solitario.
Capacidad de decisión. Ni afecta a la sede, ni a la dirección, ni a la capacidad de decisión.
Riesgos. El perfil se mejora y no se pierde ni cuota ni clientes, ni es necesario desconcentrar el negocio del crédito.
¿Las posibles novias? Son casi, casi un secreto de Estado, con la única excepción del pacto a tres que se baraja con Cajastur –que se acaba de hacer con la propiedad de la intervenida Caja Castilla-La Mancha– y con Cajamurcia. Sus redes se complementan, toda una baza a favor de la operación a efectos sociales y laborales, y que podría evitar tener que recurrir a los fondos públicos de reestructuración.
Desde la cúpula directiva de Caixanova mantienen que entre sus prioridades está garantizar la viabilidad del sistema financiero gallego, una de las reclamaciones de la Xunta. Pero añaden: la solución pasa también por asegurar el futuro de la caja y lo que resulte más “conveniente” para todos.