C. V. - SANTIAGO
La primera en romper su silencio en defensa del gallego fue la Real Academia Galega, aunque luego hiciera un paréntesis en sus críticas. Ahora, cuando se espera que la Xunta presente en breve su decreto para regular el uso del gallego en las aulas, es el Consello da Cultura Galega (CCG) el que desea hacerse oír a través de su plenario al presentar una "propuesta institucional" aprobada por unanimidad en la que insta al Parlamento a la creación de una comisión que desarrolle la Lei de Normalización Lingüística de modo que el proyecto resultante se aplique, sugieren, ya en esta legislatura.
No obstante, el Consello –siempre en un tono neutral y diplomático– propone que este desarrollo se haga de forma "consensuada": "Cualquier modificación sustantiva de la normativa legal vigente debe ser arropada por un amplio consenso político, social e institucional". En este sentido, aconseja a dicha comisión parlamentaria que escuche a las "instituciones, colectivos y expertos que considere oportuno convocar" y le ofrece su "asesoramiento".
El Consello reclama un "apoyo especial" para el gallego, necesario, indica, para "superar su posición actual de desventaja", sin menoscabo de caminar hacia una competencia "plurilingüe" de la sociedad. Pero no todo se dirime en la enseñanza. En su propuesta, la institución recuerda que el "funcionariado y el conjunto de las instituciones y servicios públicos deben estar sujetos a especiales obligaciones de capacitación y uso de gallego".
El objetivo último del texto que ayer entregó Ramón Villares, presidente del CCG, a la presidenta de la Cámara Gallega, Pilar Rojo, y a los portavoces de los grupos parlamentarios, es que no se tomen medidas "que supongan pasos atrás en el proceso de recuperación del gallego" y que los "responsables políticos" en general –y el Gobierno gallego en particular– impulsen "un discurso público" en el que esta lengua "deje de formularse en términos de problema y pase a comprenderse en términos de recurso o activo social".
Villares explicó que el CCG se siente "legitimado" –una de sus funciones es la de fomentar la lengua gallega– a pedir la palabra en el actual debate para solicitar a la sociedad que "haga de la lengua algo más neutral", un objetivo "constructivo". Se trata, insistió Villares, de contribuir a "mejorar las cosas", "no a empeorarlas", de "unir voluntades", dice el texto, y recordar que la lengua debe "ser causa común e integradora, nunca motivo de discordia y confrontación".
La institución estatutaria se ha visto obligada a intervenir, argumenta, porque el debate "acabó derivando en una controversia política y social envuelta en una excesiva virulencia" y, por ello, "seriamente perjudicial para los intereses de nuestro país". Así, aunque aprueban "las discusiones públicas", los miembros del plenario –cuyo presidente de honor es el titular de la Xunta y que tiene como miembro al conselleiro de Cultura– ven "negativo e incluso pernicioso para el clima social y, particularmente para el idioma gallego, que dichos debates degeneren en polémicas irracionales". Por el contrario, apelan a un "debate sereno e informado y por la búsqueda de acuerdos amplios" desde donde encarar el proceso de recuperación del idioma.
Al respecto, denuncian que en los últimos meses se han llegado a "poner en cuestión las bases sobre las que se sustenta nuestra identidad y cohesión social e incluso la propia legitimidad de las políticas de promoción del gallego". Llegan a puntualizar que "la asociación entre idioma gallego e imposición" e "idioma castellano y libertad" resulta "una grosera falsificación de la realidad que carece de toda base".
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