J. PÉREZ / A. MÉNDEZ - VIGO
Conforme avanza la recta final al primer gran desenlace en la reestructuración del sistema financiero gallego –porque quedan otros muchos y en el sector ya avisan que con fusión o sin ella esto dará que hablar muchos meses, años incluso–, los líderes políticos y empresariales agudizan sus estrategias y posicionamientos. El último, el alcalde Vigo. "A estas alturas hay cosas que todos teníamos claro y cada vez lo ratificamos más", asegura Abel Caballero. Rotundo, advierte que Vigo está muy atento a los acontecimientos y a Caixanova. "Esa institución tiene su propio proyecto económico y financiero autónomo, definido por su consejo de administración y que marca un futuro viable", recuerda, en referencia a la decisión de los directivos de la entidad de oponerse a la fusión con Caixa Galicia y seguir en solitario con un SIP con cajas de otras comunidades. Ahí marca el paso el regidor con su advertencia a la Xunta de que la ciudad no admitirá "que las presiones políticas" vayan contra los planes de la caja viguesa.
"Primero es que en Vigo tiene su sede una entidad financiera extraordinariamente eficiente, muy solvente y que aguantó muy bien la crisis", explica Caballero. Una situación que le lleva a que Caixanova "debe y va a seguir" teniendo su sede en la ciudad y "venga de quien venga" no se va a consentir otra cosa en ese sentido. "Esta ciudad sabe muy bien de la capacidad y la viabilidad de Caixanova y sabe muy bien de su importancia por ser un acompañamiento imprescindible para la actividad económica e industrial de la primera ciudad industrial de todo el oeste español, no sólo de Galicia", asegura.
En las palabras de Abel Caballero sobre el debate abierto y la cuenta atrás en la posición de la Xunta, también en opiniones que el regidor dio semanas atrás, la idea del "acompañamiento" con la entidad viguesa es una constante. "Porque es absolutamente imprescindible –defiende–. Y por lo tanto no vamos a admitir que las presiones políticas se encaminen a que Vigo deje de tener como elemento financiero referencial a Caixanova o a que Caixanova tenga que torcer su plan económico y de futuro en función de esas presiones".
La postura del alcalde de Vigo se une así a la larga lista de empresarios y de la propia agrupación local del PSdeG que, adelantándose a cualquier postura del líder del partido en Galicia –Manuel Vázquez no ha llegado de apostar directamente por una opción para las cajas–, respaldan la intención de Caixanova de seguir en solitario si es posible dado el nuevo puzzle que se está encajando en el sector o de trabajar en una alianza interregional que no suponga la pérdida del nombre, la sede y la capacidad de decisión. Una nómina de opositores que abrió claramente el Club Financiero de Vigo-Círculo de Empresarios.
Tras la elaboración de un estudio sobre el impacto de una posible fusión entre las cajas gallegas, la agrupación que preside Jaime Borrás se posicionó a favor del camino por separado de ambas entidades ante las repercusiones que una operación de estas características tendría en el empleo y la financiación del tejido productivo gallego. El Club Financiero criticaba hasta el momento de planteárselo por la complicación de integrar los dos negocios, lo que supondría una absorción de esfuerzos, tiempo y fondos no disponibles en tiempos de crisis.
El pronunciamiento sirvió para abrir las puertas a la opinión de otras entidades económicas del sur de la comunidad. Siempre apelando a la prudencia por parte de sus responsables. Todas las Cámaras de Comercio de la provincia –Pontevedra, Vilagarcía, Tui y Ourense– y la patronal ourensana siguieron la misma estela. No a la fusión. Faltaba por saber el pronunciamiento de la entidad cameral viguesa y la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) que, aunque dieron muchas pistas de que su opinión era también ésa, decidieron retrasarla hasta cerrar un informe con sus propios técnicos y una consultora externa.
Finalmente el resultado fue el mismo. Con cifras de por medio. El documento encargado por los responsables de las dos organizaciones, José Manuel Fernández Alvariño y José García Costas, calcula una reducción deunos 1.800 trabajadores entre servicios centrales y las 300 oficinas que sobrarían en caso de una única entidad gallega, además de 2.000 millones menos en créditos a empresas y por la "inseguridad" de tener que acudir a los fondos públicos de rescate para el sector por las reticencias de la UE. Su conclusión es clara: la fusión es "la peor solución".
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