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Energía

El PSdeG reclama que la nueva ley eólica respete el concurso del bipartito

Los socialistas alertan de que el Fondo de Compensación puede ser un "arma política"

 
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J. PÉREZ - VIGO Su primera opción es que la Xunta no siga adelante con la futura ley eólica. Pero los socialistas ya tienen asumido que no se hará. Por eso, a la enmienda total a la normativa que se debatirá en el Parlamento la próxima semana acompañará 41 enmiendas parciales para mantener el decreto del bipartito, se resuelvan los recursos presentados y que las nuevas condiciones para el sector se apliquen a las adjudicaciones que vengan a partir de ahora. “Tenemos informes jurídicos que recogen que como mínimo es discutible que a través de una ley se declare nulo, amparándose, como hacen en este caso además, para favorecer a la ciudadanía”, explica Abel Losada, portavoz de Industria del grupo socialista.
Al PSdeG le preocupa especialmente la “inseguridad jurídica” que se crea con el documento y la “paralización” económica para el sector. Con la ley están convencidos de que el negocio del viento vuelve “a las peores maneras del fraguismo” por la “facilidad para la discrecionalidad” en las decisiones de la Administración autonómica. Y ponen ejemplos, como que en el baremo de criterios para seleccionar los parques se recojan expresiones como “otras consideraciones que estime oportuna la consellería”. La misma pega que le ponen a la gestión del Fondo de Compensación, “susceptible de convertirse en un instrumento político”, según Losada, con el reparto entre los ayuntamientos. De ahí que reclame que la gestión pase de la Consellería de Presidencia y de manos del “comisario político” Alfonso Rueda al departamento de Facenda.

Red Natura

En el PSdeG están convencidos de que la ley permite la ubicación de parques en Red Natura o en las zonas previstas para su ampliación. “Resulta especialmente laxa en términos de control medioambiental”, critica Losada, que exige una mención a la obligatoriedad de contar con una autorización ambiental estratégica. Su intención es poner también coto a las expropiaciones de terrenos con la incorporación al documento de una apuesta por la negociación de acuerdos de alquiler o compra con los propietarios de las parcelas.

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