JULIO PÉREZ - VIGO
Todo el cronograma con el que trabaja la Consellería de Economía e Industria para dar salida al sector eólico se quedaría en papel mojado si finalmente Endesa y Estela Eólica consiguen la autorización del Gobierno central para instalar 770 megavatios (MW) en Galicia dentro del régimen ordinario, con la correspondiente renuncia a las subvenciones que cobran la mayoría de parques, bajo el régimen especial y las competencias en manos de la Administración autonómica. Una estrategia, apostar por parques grandes, de 50 MW, con la que ambas compañías pretendían saltarse todos los requisitos del decreto del bipartito. La autorización a esas instalaciones supondría un freno al nuevo concurso eólico por las limitaciones de la red eléctrica. Por eso, Ángel Bernardo Tahoces, director xeral de Enerxía acaba de sentarse con responsables del Ministerio de Industria para reclamar la intervención del Gobierno gallego en los trámites.
La "oposición frontal" a que la aprobación sea exclusiva del Estado y "la conveniencia" de que haya un voto desde Galicia fueron acogidas "con total receptividad", según la Xunta, por parte de Antonio Hernández García, director general de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria. Los argumentos que expuso Tahoces se asientan en la nueva ley para regular el negocio del viento y en la obligación por parte de las empresas de incorporar proyectos industriales para beneficiar el tejido productivo de la comunidad.
Con las obras de mejora y las nuevas líneas en las que Red Eléctrica de España (REE) trabaja para dar salida a toda la energía generada en Galicia, los parques que salgan de los concursos por zonas que prepara la consellería tendrán garantizada de forma escalonada el acceso al sistema y la evacuación. Son 2.300 MW con los que alcanzar en 2016 un total de 6.500. Sin contar, claro está, con los casi 800 de Endesa y Estela Eólica, que de autorizarse, obligarían a la Xunta a recortar los futuros repartos.
Precisamente, Hernández García avanzó al responsable energético gallego que no se prevén retrasos en el calendario de infraestructuras eléctricas. La Xunta advierte que "un nuevo incumplimiento" podría afectar a la viabilidad de "muchos proyectos de generación" que se van a impulsar en Galicia. El Ministerio también adelantó a Tahoces que está estudiando "un desincentivo" para las empresas de distribución de electricidad que no garanticen la buena calidad del suministro en la comunidad, con sanciones en el reparto de sus retribuciones.
El otro de los principales asuntos que se abordaron en el encuentro fue el futuro del gasoducto de Galicia. El Gobierno prevé adjudicar antes de final de año el tramo Guitiriz-Lugo, el mismo plazo para resolver los problemas legales que impiden adjudicar el tramo de la Mariña de Lugo, con el "compromiso máximo" de garantizar el suministro a Alcoa.
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