JULIO PÉREZ - VIGO
Pese a las no pocas responsabilidades que la ley de cajas de Galicia atribuye a la Xunta al amparo de una labor de tutela sobre las entidades de ahorro, su papel en cualquier proceso de integración no tiene por qué ser determinante. Suelen ser las propias entidades las que dan el primer paso, con un proyecto en firme y el respaldo de sus respectivos consejos de administración, un acuerdo adoptado "independientemente" por sus asambleas generales, tanto en el caso de una hipotética fusión entre ellas como de que opten por caminos por separado. El Gobierno gallego, de la mano de la Consellería de Facenda, aparecería después. La normativa gallega no contempla en ningún momento que la operación se pueda imponer, sino una autorización "previa solicitud conjunta" de las cajas que pretenden unirse.
Los matices son fundamentales ante el intenso debate generado en las últimas semanas con el futuro del sistema financiero de la comunidad y las constantes preguntas que se plantean sobre el delicado asunto al presidente del Ejecutivo gallego. Alberto Núñez Feijóo reconoce que la última palabra está en los órganos de gobierno de Caixanova y Caixa Galicia, pero lo cierto es que, según la ley, también la primera decisión es cosa de las entidades. Los dos únicos requisitos indispensables para dar el visto bueno a la operación –incluida una fusión con una caja foránea, una posibilidad que la normativa también contempla– son que ninguna de ellas esté en liquidación ni que el proyecto suponga un perjuicio para las garantías de los impositores y acreedores.
Por razones como éstas, la responsabilidad legal de las Administraciones en las entidades, en la discusión sobre la reestructuración de las cajas aquí en Galicia, y en general en la mayoría de comunidades, se mezclan los pareceres sobre la politización o no politización del sector. Y la situación es muy peculiar. Porque no son bancos y porque sin ser tampoco organismos públicos, en su naturaleza fundacional prima el carácter social, rechaza la finalidad lucrativa y coloca por encima de su dirección el protectorado de los Gobiernos regionales.
En el escenario real, ¿es suficiente el interés de los responsables políticos para alimentar una fusión? Hay ejemplos claros y recientes en el sistema financiero español de que no. El más cercano, hace sólo unos días, el desmarque de Caja Burgos del proceso de integración en una sola entidad con Caja España y Caja Duero. Una operación que la Junta de Castilla y León, como mínimo, miraba con buenos ojos. El inesperado plante por las diferencias entre las cúpulas para marcar la cuota de poder de cada una en la nueva caja ha irritado al Ejecutivo leonés, que exhibe sus reproches en público a Caja Burgos.
Pero aún más evidente fue la frustrada fusión de las cajas vascas, las primeras que pensaron en integrarse cuando ni siquiera el sector empezaba a calentar su reestructuración. A finales de octubre de 2008 se presentó el proyecto, del que saldría la tercera caja española por beneficios y patrimonio. Menos de un mes después, el ambicioso proyecto se quedó a cuatro votos de salir adelante. El sector culpó directamente a la improvisación política de los impulsores, el PNV, entonces gobernando.
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