SELINA OTERO - VIGO
Kilómetros y kilómetros de arena, mar y piedra cubiertos por un espeso manto negro y tóxico. Tensión en los despachos y en la sociedad, provocada por los pasos en la gestión de la mayor catástrofe ecológica de la historia causada por un buque con grietas y una bomba de residuos en su interior. Mareas humanas de voluntarios limpiando la costa, quejas, manifestaciones, indemnizaciones, búsqueda de culpables, pesqueros bloqueados ante un mar enfermo...
Mañana se cumplen siete años desde que el Prestige, un petrolero monocasco abanderado en Bahamas con 77.000 toneladas de fuel en sus tanques, sufrió una arriesgada herida a 27 millas de Fisterra. Al poco tiempo, su carga se estrelló contra el litoral mientras el buque, partido en dos, se hundía a 130 millas de las Cíes. Es allí, a 3.500 metros de profundidad, donde todavía yace el pecio, con cerca de 1.000 toneladas de fuel entre proa y popa. Siete años después, quedan muchas cuestiones por resolver. Si el pago de indemnizaciones se llevó a cabo "relativamente rápido", teniendo en cuenta que las compensaciones del Mar Egeo tardaron diez años en abonarse, aún no se ha celebrado el juicio para dirimir responsabilidades. Todo apunta a que la vista oral se celebrará a principios del próximo año. Tres jueces decidirán el futuro de los imputados: por un lado, el capitán del buque, Apostolos Mangouras, que, junto a sus dos oficiales, fue acusado de desobedecer a las autoridades en las maniobras clave en noviembre de 2002 y, por otro, el ex director de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, miembro del gabinete de crisis del Gobierno en aquellas fechas, de donde salió la decisión de alejar el buque de la costa, una de las alternativas más criticadas tras la catástrofe, tanto dentro como fuera de España.
La tragedia del Prestige dejó huella. Las playas y las rocas son testigo de ello. Todavía hoy, con siete años por medio, quedan piedras teñidas de negro en A Costa da Morte o las Illas Atlánticas. También queda fuel enterrado en los arenales, fenómenos que siguen siendo materia de estudio por parte de los equipos de investigación gallegos que, desde 2003, analizan los efectos de la catástrofe ecológica. En los meses posteriores al hundimiento, las autoridades políticas (en la recta final de la era Fraga y con el apoyo del gobierno de Aznar) habían anunciado el Plan Galicia, un conjunto de medidas con unos 14 millones de presupuesto para reactivar la economía de la comunidad. Siete años después, el AVE sigue licitándose y el parador de Muxía aún no tiene su primera piedra.
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