La fiscal de A Coruña pregunta por la militancia de los funcionarios acusados de delitos de corrupción

MARÍA PARDO - A CORUÑA La Fiscalía Provincial de A Coruña ha solicitado a funcionarios y fiscales que le remitan, de forma urgente, información sobre las causas abiertas a "funcionarios públicos" y les pide que, si es posible, especifiquen a qué partido político pertenecen los investigados.
El escrito enviado por la fiscal coordinadora de A Coruña, Esther Fernández, a sus colegas y al que ha tenido acceso este diario ha dejado perplejo a más de uno, que no entiende cómo su jefa le puede pedir que se haga constar el partido político al que pertenece un funcionario al que se esté o se haya investigado, una información que, en la mayor parte de las denuncias, ni siquiera se hace constar.
La petición de Esther Fernández, quien no quiso hacer ningún comentario sobre la circular por entender que es un asunto interno de la Fiscalía, está motivada por una orden que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha hecho llegar a las fiscalías de los tribunales superiores de las comunidades, que a su vez han derivado la petición a las fiscalías provinciales. Conde-Pumpido quiere saber qué cargos públicos están acusados de corrupción y el partido al que pertenecen, pero no reclama información sobre funcionarios públicos. De hechos, fiscales de otras provincias pidieron a sus subordinados información sobre las causas abiertas contra cargos públicos.
Conde Pumpido va a comparecer en el Congreso a petición del PP por el caso Gürtel, y quiere ofrecer datos. El objetivo sería demostrar que no se actúa en contra de ninguna formación desde la Fiscalía del Estado.
La fiscal jefe de A Coruña envió el escrito de la polémico firmado el 30 de octubre a sus colegas de Ferrol y Santiago. Ayer no quiso pronunciarse sobre la controversia, pero sí explicó que lo habitual cuando denuncia un particular es que ni siquiera sepa el nombre de la persona a quien considera culpable.
Diferente es cuando un partido político acusa a otro de algún delito. La fiscal jefe insiste en que, en cualquiera de los casos, la formación a la que pertenece el sospechoso "no se tiene en cuenta a efectos de nada".