JULIO PÉREZ - VIGO
Prácticamente en todos los números, de lunes a viernes, en el Diario Oficial de Galicia (DOG) comparten espacio nuevas normativas, licencias, previsiones de nuevos contratos y la resolución de expedientes con un significativo número de sanciones. Desde establecimientos públicos que carecen de las condiciones higiénicas mínimas, a particulares y empresas que han hecho un mal uso de subvenciones, pasando por infracciones urbanísticas, uno de los elementos estrella de la capacidad para castigar que tiene la Xunta. Todo un extra para las arcas públicas en estos tiempos de crisis y con el impacto que está teniendo en los ingresos. A la vista de sus previsiones de recaudación, el Gobierno gallego está dispuesto a sacarle el máximo provecho a su potestad para multar. Como ya ocurrió durante el último año del bipartito, coincidiendo con los primeros envites de la recesión. Dos pájaros de un tiro. Hacer cumplir la ley y mejorar las cuentas. Casi 25 millones en sanciones de las consellerías el próximo ejercicio, un 12% más que en 2009 y hasta un 70% por encima de la aportación media anual en esta década.
El macrodepartamento que controla Agustín Hernández recogerá casi seis de cada diez euros que llegarán a San Caetano vía castigos. La previsión de recaudación por sanciones de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas roza los 13,8 millones de euros. En su cartera de competencias están los asuntos más espinosos, los que pueden derivar en multas de mayor cuantía. Especialmente, los expedientes por irregularidades urbanísticas y por contaminación, dos de las actividades sobre las que la Xunta está muy pendiente en los últimos años.
Por ese mismo motivo, por la elevada cuantía de algún tipo de sanciones, la consellería de Traballo y Benestar es la segunda con mayor previsiones de recaudación. A mucha distancia de Medio Ambiente, eso sí. Unos 6,199 millones de euros por la aportación de los casos de irregularidades laborales. El resto de departamentos prevén unos ingresos muchísimo más bajos. Sólo Medio Rural superará el millón de euros (1,294 millones) el próximo año en multas.
Sanidade, otra de las consellerías con una actividad sancionadora muy activa, contempla algo más de 930.000 euros. En su caso van desde los toques de atención a establecimientos de alimentación o hostelería por las condiciones sanitarias a todo lo relacionado con salud pública, incluido el movimiento de animales o las medidas por la crisis de las vacas locas. El anteproyecto de presupuestos incluye algo más de 800.000 euros en Economía y otros 800.000 en Mar. Las sanciones de Cultura y Turismo superarán los 600.000 euros y las de Presidencia, 485.000.
Los 25 millones de euros en sanciones previstos en el informe de ingresos 2010 del Gobierno gallego son una cifra inédita hasta ahora. Un récord. El pasado año, el cálculo estaba por debajo de los 22,5 millones, un 12% menos, pero un 48% más respecto a 2008. Según la liquidación de las cuentas del primer semestre de 2009, los últimos datos disponibles, el compromiso de ingresos al cierre de junio eran 11,026 millones. La liquidación de 2008 recoge también el derecho sobre 18,7 millones, pese a que los números iniciales se situaban en 15,2 millones. En años anteriores, desde 2002, las previsiones oscilaron entre los 12,7 y los 14,9 millones, un 70% menos que los cálculos de 2010.
¿Qué pasó? Que llegó la crisis, la contención del consumo y los malos resultados empresariales. Un batacazo para la recaudación fiscal, la principal fuente de dinero que tienen las administraciones para cuadrar su caja. De ahí que, junto con un control extremo de la actividad sancionadora, los poderes públicos también se hayan propuesto vigilar los cobros por impuestos.
Desde mediados de 2008, por ejemplo, la Consellería de Facenda está revisando al milímetro las tasaciones de viviendas porque generalmente el precio que recogen las escrituras –y al que se aplica el gravamen de Actos Jurídicos Documentados, uno de los que más está bajando en la recaudación en Galicia– suele estar por debajo del real. Todo lo contrario que la valoración que figura en la hipotecas, inflada para poder costear también otros gastos.
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