JULIO PÉREZ - VIGO
De la mano de la inversión en los sectores estratégicos del tejido productivo gallego y la apuesta por la innovación como armas para salir de la crisis, el gasto social es el tercer gran pilar en el que se asientan las cuentas de la comunidad para el próximo año. La Consellería de Traballo y Benestar reserva 577 millones de euros para planes de apoyo a las familias ante la difícil situación económica y para seguir desarrollando la Ley de Dependencia, con un incremento del 80% en la partida para programas y ayudas de promoción a la autonomía personal, hasta los 248,1 millones. El objetivo es incorporar al sistema a 12.000 nuevos usuarios durante el próximo ejercicio, un tercio de los que actualmente están todavía a la espera de que su expediente se resuelva y, por lo tanto, obtener una prestación.
Ante las evidentes complicaciones que los trámites burocráticos suponen para la atención a los dependientes, el departamento que dirige Beatriz Mato asume que, precisamente, es fundamental "implementar" los medios tecnológicos y telemáticos, lo que de paso permitirá también mejorar determinados servicios como la teleasistencia, en el que se contemplan 1.500 altas más. El informe económico y financiero que acompaña a los presupuestos de 2010 y el capítulo dedicado a Benestar recogen el refuerzo de las plazas residencias y centros de día, con la entrada de 2.000 vacantes.
Con casi 53 millones de fondos propios y 44 millones más que se esperan de las arcas estatales, la Xunta aspira a costear las pagas mensuales a los familiares que cuidan directamente de sus enfermos, las conocidas como libranzas, y que representan el 61% de las ayudas concedidas en la comunidad. La batería de medidas recogidas en las cuentas autonómicas se completa con un fondo adicional complementario para los cheques asistenciales, programas de formación para los cuidadores y la modificación de la normativa que regula la acreditación de centros y servicios.
Si finalmente se cumplen las previsiones de la consellería –muy atenta al dinero que finalmente remita el Ministerio de Sanidad y Política Social y que la Xunta considera insuficiente y una de las razones del atascamiento de la aprobación de las ayudas–, el número de gallegos dependientes atendidos superaría los 30.000. Aún así, quedarían, sin contar las nuevas peticiones que entren, otros 23.000 de los más de 35.000 expedientes que todavía están en estos momentos en tramitación. Un 2,35%, sin valoración por parte de los servicios sociales; un 21%, con ese paso ya superado; casi un 38% con la resolución de grado y nivel de dependencia; y finalmente, un 38,6%, más de 13.500, con Programa Individual de Atención (PIA) ya elaborado, a los que lo único que les falta es cobrar, la correspondiente plaza en un centro, el servicio de teleasistencia o cualquiera de los otros servicios previstos en la normativa, según los propios datos de Benestar al cierre del pasado septiembre.
Desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, el 1 de enero de 2007, a la Xunta llegaron casi 84.000 solicitudes, de las que un 18% (15.142) se quedaron fuera por el fallecimiento del solicitante o por otras causas, como que la solicitud aparecía por duplicado. Otro 17% (14.800) no tienen de momento derecho a prestación porque estar por debajo de los niveles de mayor gravedad. El Gobierno central tiene otros datos: el número de beneficiarios ahora mismo en Galicia son 4.000 menos que los que computa Benestar.
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