JULIO PÉREZ - VIGO
Sólo quedaba el resultado de sus informes internos para que la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) fijara una postura oficial ante el futuro de las dos cajas, aunque desde que el Club Financiero de Vigo se atreviera hace un par de semanas a mostrar públicamente su oposición a una posible fusión, la patronal de la provincia no escondió que sus opiniones iban también por ahí. Pero querían tener un análisis profundo en sus manos, de sus propios técnicos y una consultora externa. Ese informe, según pudo saber FARO, es contrario a la fusión, favorable a alianzas con entidades de otras comunidades y alerta del impacto que la operación tendría en el acceso del tejido productivo gallego a la financiación. Con cifras de por medio. La entidad resultante tendría que recortar unos 1.500 millones de euros en su capacidad de crédito a las empresas.
¿Por qué? El informe que preparó el Club Financiero de Vigo-Círculo de Empresarios y las tesis que también se defienden desde el resto de grandes entidades económicas del sur de la comunidad, como las Cámaras de Comercio, daban algunas pistas. Si Caixanova y Caixa Galicia se unen, por la propia naturaleza del negocio financiero, no les quedará otro remedio que diversificar riesgos. Tanto entre sectores, como entre compañías e, incluso territorialmente, para huir de la posible morosidad, uno de los enemigos a batir en la reordenación del sector en toda España. La nueva caja se vería obligada a asumir una política de préstamos como una sola entidad. Poner los huevos en diferentes cestas, que diría el dicho popular.
Eso por un lado. Por el otro, detrás del recorte en la capacidad de crédito estaría también la falta de competencia. Hasta ahora, Caixanova y Caixa Galicia compiten entre sí. Ambas entidades comparten territorio –aunque una parte relevante de su red de sucursales esté fuera– y los empresarios mantienen que es más sencillo conseguir financiación y en mejores condiciones.
Hay un tercer elemento que influiría en el nuevo escenario. El coste que la reestructuración de oficinas y plantilla, "brutal", según los empresarios, pensando en las consecuencias sociales, pero también en términos de liquidez porque todo el dinero que haya que invertir en prejubilaciones o despidos –patronales y Cámaras de Comercio hablan de alrededor de 2.000 puestos de trabajo que se perderían– es dinero que se pierde para el negocio natural de una entidad financiera.
El informe del organismo presidido por José Manuel Fernández Alvariño va más allá incluso e incluye estimaciones sobre el coste que tendrían que asumir las cajas para redimensionar el empleo y pagar indemnizaciones. Será uno de los datos que presenten el próximo viernes para oficializar su negativa a la integración y el respaldo a que Caixanova y Caixa Galicia se fortalezcan por separado con alianzas con entidades de otras comunidades.
El responsable de la CEP ya avisó tras un encuentro con el presidente de la Xunta al amparo de la oleada de oposiciones entre los empresarios del sur que con todo el respeto al proceso y a quien tiene que tomar las decisiones, su opinión la marcaría este estudio. Por eso también Fernández Alvariño y el líder de la patronal ourensana, Francisco Rodríguez, se desmarcaron del apoyo incondicional que el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Antonio Fontenla, dará al Gobierno gallego en su decisión, pese a reconocer que personalmente a él le gustaría que las dos cajas siguieran caminos diferentes.
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