REDACCIÓN - SANTIAGO
Las diputaciones provinciales reclamaron ayer en el Parlamento una mayor participación en los fondos de la comunidad autónoma, una mayor coordinación con la Xunta y una ley que defina sus competencias. El más contundente fue el presidente de la corporación provincial de Ourense, José Luis Baltar, que apostó incluso porque se "marque el dinero" que estas instituciones deben destinar a los ayuntamientos. "Fíjennos las prioridades para que no podamos caciquear", sentenció. Según defendió, es necesario emprender "reformas legislativas" que permitan detallar el papel de las diputaciones. "Somos lo que quiera el Parlamento que seamos y todas las leyes en este sentido no vamos a impugnarlas", señaló.
Después de que el pasado lunes compareciera en la Cámara el presidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, para rendir cuentas de sus presupuestos, ayer le tocó el turno a los responsables de las cámaras provinciales de Pontevedra, Ourense y A Coruña.
El más crítico con la actuación de la Xunta fue Baltar que acusó al Gobierno autonómico de "inhibirse" y de "desconocer" las funciones de las diputaciones. En su opinión, las corporaciones provinciales han estado "ninguneadas e incomprensiblemente olvidadas" por la Administración autonómica. Además, advirtió del "flagrante incumplimiento" del mandato constitucional de proporcionar a las entidades locales suficiencia financiera.
Al hilo de esta cuestión, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, demandó un "acuerdo de las fuerzas políticas" para que, en la aprobación de un nuevo estatuto de gobierno local, "se reconozca el marco de competencias reales de los ayuntamientos y diputaciones".
La crisis económica ha mermado además de forma importante los recursos de las arcas provinciales. La Diputación de Pontevedra ha sido la más afectada ya que sus ingresos han caído un 20 por ciento, mientras que los de A Coruña bajaron un 12 por ciento y los de Ourense un 10 por ciento.
A pesar de contar con menos recursos, la Diputación de Pontevedra explicó que pondrán en marcha un Plan de Inversiones presupuestado en más de 70 millones de euros para los municipios. Louzán se congratula además de que con la nueva Xunta se haya terminado el "sectarismo" en el reparto de ayudas, que con el bipartito dejaban fuera a algunos ayuntamientos.
El presidente de la entidad provincial de Pontevedra tuvo que hacer frente a las críticas de la oposición por las últimas mociones de censura en la provincia y las ayudas otorgadas para un seminario de Galicia Bilingüe.
Por su parte, el presidente de la Diputación de A Coruña, Salvador Fernández Moreda, reclamó que se permita a las corporaciones provinciales y a los ayuntamientos –que tengan capacidad para ello– asumir las competencias para gestionar los expedientes de expropiación para "agilizar" los trámites y, de esta manera, también las inversiones. El responsable de la institución coruñesa avanzó además que creará una oficina para gestionar las sanciones de tráfico, un servicio que reclamó un gran número de municipios.
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