SOFÍA LÓPEZ - OURENSE
La negativa de los padres del niño aquejado de obesidad de entregar a su hijo en el centro de menores de A Carballeira ha colmado la paciencia, tanto de la Administración como de las autoridades judiciales. La Fiscalía de Menores de la Audiencia Provincial de Ourense presentó ayer una querella criminal formulada por el fiscal José Ucha contra el matrimonio formado por Luis Montoya y Margarita Gabarra, al que imputa los delitos de desobediencia y sustracción de menores, penados con condenas de hasta cuatro años de prisión, tal y como anunció en rueda de prensa el fiscal jefe Florentino Delgado.
Delgado Ayuso explicó ayer en su despacho que el objetivo de la querella criminal, "fruto de una valoración muy meditada", es que los padres del menor "sepan que hay indicios de un hecho delictivo por negarse a cumplir una resolución de la Administración, con la posterior confirmación del juez", por lo que añadió que "no estamos dispuestos a que se tomen la justicia por su mano y menos que se permitan el lujo de no cumplir con la ley, porque nadie puede estar por encima de ella".
El fiscal jefe recordó en reiteradas ocasiones que Luis Montoya y Margarita Gabarra "están ocultando a su hijo" y, aunque matizó que no considera que exista un delito de malos tratos por parte de los padres, "están en la obligación de entregarlo, y no lo hacen porque no quieren".
Añadió también que el matrimonio "insiste en los medios de comunicación en que el niño está adelgazando y su salud es buena". En este sentido dijo que "si el niño está bien, es todo estupendo y su salud no corre riesgos, la conducta propia de los padres sería que lo entregaran para que los profesionales pudieran hacer una valoración del adolescente durante el tiempo que haga falta y, si se comprueba que sus progenitores han hecho los deberes, devolverlo a su ámbito familiar".
Sin embargo, Florentino Delgado lamentó que por parte de Luis y Margarita "existe una visión equivocada, porque creen que la Xunta de Galicia quiere quitarles a su hijo, pero lo único que pretenden es ayudarles, por lo que está claro que la Administración no es la mala de la película ni intenta arrebatarles la patria potestad ni la custodia del pequeño".
El fiscal jefe insistió ayer en que, "como no podría ser de otra manera, lo que importa a la Fiscalía de Ourense es la protección del menor por encima de todo y más allá de las consideraciones mediáticas de los padres e incluso de las resoluciones de la Administración".
El fiscal jefe de Ourense señaló que a pesar de la gravedad de los hechos que se están produciendo en los últimos días no se ha solicitado al juez ni la detención de los padres ni tampoco su traslado a prisión, "al menos por ahora". En este sentido, matizaba que "este procedimiento no tendría sentido porque se trata de unos padres que están equivocados en su forma de actuar".
Por su parte, la Xunta subrayó que decidió asumir la tutela del niño por "el grave riesgo que existe para su salud", y que no responde "a una mera cuestión de estética". Así, la Consellería de Traballo e Benestar explicó que se asume la tutela "ante una situación de grave riesgo para la vida de un menor y siempre teniendo en cuenta que su salud y bienestar es la prioridad".
"Se está hablando de una tutela, en toda caso reversible y temporal, y que no significa la ruptura de la relación familiar, dado que sus progenitores podrán visitarlo en el centro", aclaró el Gobierno gallego.