JULIO PÉREZ - VIGO
En pleno proceso de negociación con la Xunta antes de que el todavía anteproyecto se convierta definitivamente en una ley con "medidas urgentes" para reordenar todo el sistema de transporte de viajeros por carretera en Galicia, el sector lanza un aviso muy claro y muy rotundo. Uno de los principales cambios que la normativa pretende poner en marcha, la rebaja de un 7% en la factura de los servicios del traslado a los escolares a cambio de prorrogar los contratos hasta 2020, choca con la rentabilidad del negocio. "Nosotros hemos ofrecido una posible reducción de las tarifas porque somos conscientes del coste que supone para la Administración, sobre todo en estos momentos de crisis, pero esa cantidad es tremenda y en muchos casos supone prácticamente perder los pocos beneficios que las líneas suponían", se queja José Carlos García Cumplido, secretario general de la Federación Gallega de Asociaciones de Transporte de Viajeros en Autocar (Transgacar). Si el porcentaje no se reduce, las compañías mantienen que el servicio será "difícilmente asumible".
Y las consecuencias no serían pocas. Porque el transporte escolar –unos 100 millones de euros anuales, la mayor partida entre todas las comunidades en España– es actualmente una tabla de salvación para muchas líneas convencionales de viajeros que son deficitarias. El Gobierno gallego compensa con la explotación del servicio en una determinada zona y, por tanto, con ganancias, a compañías que se encargan ya del transporte regular en esos lugares y que, por falta de clientes, representan un desequilibrio en sus cuentas.
Ante los graves problemas de la dispersión y el fenómeno de despoblación que se sigue viviendo en Galicia, los empresarios del transporte de viajeros por carretera apuestan por "arrimar el hombro". "Aquí nadie duda de que estamos hablando de un servicio público que hay que garantizar –defiende García Cumplido–. Es como si se le negara la luz a un núcleo que está a 200 kilómetros de la subestación eléctrica, nadie lo entendería". Aunque la caída de usuarios, especialmente en el interior y las áreas rurales de la comunidad, se haya convertido en un auténtico enemigo para el mantenimiento de determinados trayectos.
Precisamente, como servicios públicos que son, se reparten a través de concesiones. La ley que prepara la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas contempla una prórroga directa durante 10 años para las licencias, a cambio, en este caso, de que las compañías asuman un plan de modernización para reducir la edad media de la flota, incentivar el empleo femenino y la formación continua o una revolución tecnológica con el control en todo momento de la situación de cada uno de los buses. Si los transportistas acceden a la prolongación de las concesiones, la Xunta entenderá que las considera rentables y obligará a que las empresas asuman los costes de las medidas de modernización sin que puedan repercutirlo en la tarifa ni con ayudas públicas. "Eso no puede ser así", advierten en Transgacar, pensando "en muchas pequeñas firmas del sector". "Pretenden, como en Cataluña, que se unifique la imagen corporativa, pues tendrán que ayudarnos a pintar los buses, por ejemplo", mantiene José Carlos García.
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