Los padres del niño obeso proponen a la Xunta su control médico en el hogar

M. J. A. - OURENSE Los padres del niño ourensano aquejado de obesidad mórbida volvieron a negarse ayer a entregar al menor, que sigue en paradero desconocido, y en su lugar presentaron un escrito ante la Delegación del Servizo de Familia y Menores de la Xunta en Ourense con una propuesta transaccional: que la dieta del niño, encaminada a corregir los graves problemas de salud que le causa su obesidad, se lleve a cabo en el domicilio familiar y sea vigilada y controlada por un médico endocrino de la ciudad, que ya se ha ofrecido voluntariamente para este fin.

Luis Montoya y Margarita Gabarres, los progenitores del menor de 9 años de edad y 70 kilos de peso al que las múltiples patologías derivadas de su obesidad –problema que arrastra de desde los 5 años–, le han costado una resolución judicial que obliga a su internamiento en un tutelar de menores para controlar su peso, volvían a romper ayer su silencio para reconocer que se habían "equivocado con la alimentación" de su hijo. "Ahora está en situación de riesgo", admiten, pero matizan que "nunca estuvo en desamparo".

En el despacho de su abogado, José Rodríguez Díaz, y con una presencia mediática sin precedentes, el letrado dio lectura a un extenso comunicado en el que los padres explican que "el médico endocrino de la ciudad Jesús Manuel Suárez" les ha ofrecido su "total y desinteresada disposición" a ayudarles y "de hecho", continúan, "ya ha reconocido al niño en un centro médico de la capital a finales de la pasada semana".

Este facultativo se compromete a ponerle una dieta al niño, y a emitir informes periódicos cada 15 días al Servizo de Menores. "Estimamos que con ello se cumple la finalidad perseguida por el Servicio de Menores", alegan los progenitores.

Por todo esto, y en tanto no se pronuncie la Administración, aseguran que "no" van a entregar "voluntariamente" a su hijo para su ingreso en el Centro de Protección de A Carballeira. "Porque entendemos que no tiene sentido dicho ingreso al desaparecer el motivo del mismo con controles periódicos realizados por un médico endocrino", argumentan.

Añaden que en el caso de que el Servizo de Menores no aceptase su propuesta, "reconsiderarían" su postura, "siempre actuando en interés" de su hijo. "Sabemos que tiene un problema, la obesidad, pero no creemos que éste sea motivo suficiente para arrancarnos a nuestro pequeño", alegan.

Fuentes judiciales señalaron que los padres podrían incurrir en falta leve o grave de desobediencia y, si se incumplen los requerimientos de entrega y el tema pasa a la vía penal, podría suponerles hasta cuatro años de cárcel.