Sogama se plantea dejar de tratar los restos de animales por el alto coste y la escasa rentabilidad

M. VÁZQUEZ - SANTIAGO Los cadáveres de cientos de animales muertos en las explotaciones gallegas podrían dejar de enviarse a la planta de Sogama. La dirección del complejo de Cerceda ha ordenado estudiar cuáles son las alternativas para la planta que se creó en el año 2002 con la función de tratar y eliminar todos los materiales susceptibles de transmitir el mal de las vacas locas. Apenas ocho años después de su puesta en marcha, los responsables de Sogama se replantean la continuidad de este servicio tras constatar que ya no resulta rentable, aunque garantizan que durante 2010 todavía seguirán tratando este tipo de residuos.
Fuentes del complejo medioambiental vinculan el resultado deficitario de estas instalaciones al hecho de que el material animal que llega a la planta es cada vez menor. De hecho, en la actualidad los únicos restos que se trasladan a las instalaciones de Sogama para su incineración y posterior tratamiento son los procedentes del Centro Integral de Eliminación de Riesgos de Encefalopatías Espongiformes Transmisibles de Galicia, que es el que se encarga de analizar restos y animales para determinar si padecen la enfermedad. El resto, se derivan a la planta de la empresa Gestora de Subproductos de Galicia, la única autorizada a tratar este tipo de residuos además de Sogama. En la actualidad, el plan de Viabilidad de Sogama sitúa a esta instalación “por debajo del umbral de rentabilidad”. La causa principal es la caída del volumen de residuos tratados: apenas 360 toneladas al año cuando en Galicia se generan unas 130.000.

Más control

El servicio de recogida y transporte de los animales muertos en las explotaciones ha estado en el punto de mira prácticamente desde que la crisis de las vacas locas forzó la aprobación de una normativa prohibiendo su enterramiento. Ganaderos y sindicatos no han dejado de denunciar públicamente y ante la Administración las presuntas irregularidades del servicio. Ante esta situación, el Gobierno bipartito decidió endurecer las condiciones de recogida y transporte con un decreto aprobado en 2008.