El Consello aprueba la ley eólica con la meta de 2011 para los primeros nuevos parques

La norma suprime la obligatoriedad, para ahorrar entre diez y doce meses de trámites, de que los promotores presenten un plan sectorial para cada nueva instalación

 08:15  

X. A. TABOADA - SANTIAGO El Gobierno gallego aprobó ayer el proyecto de ley que regulará el aprovechamiento eólico en la comunidad y que supondrá la anulación del concurso realizado por el bipartito, cuya adjudicación se encuentra en suspenso desde el verano. La nueva norma eliminará algunos trámites administrativos, lo que permitirá, según la previsión de la Xunta, otorgar las primeras concesiones en el segundo semestre de 2011 y comenzar la producción eléctrica de los nuevos parques eólicos un año más tarde, "antes que con el anterior decreto", tal como aseguró el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, quien compareció tras el Consello junto al presidente, Alberto Núñez Feijóo.
Entre las novedades que recoge la ley, que se tramitará por la vía de urgencia en el Parlamento, se elimina la necesidad de que los promotores tengan que presentar un proyecto sectorial una vez se hagan con la concesión. Basta que cuenten con una licencia municipal de ocupación de terrenos forestales, lo que ahorrará entre diez y doce meses a la tramitación administración. Esto es lo que posibilitará que las primeras autorizaciones se puedan conceder en la segunda mitad de 2011, aunque el grueso de las concesiones, hasta repartir los 2.300 megavatios en juego, se irán adjudicando posteriormente.
A diferencia del modelo del bipartito, los parques eólicos se concederán también por concurso, pero en vez de adjudicarlos de una tacada, se hará uno por cada una de las áreas en que se ha dividido la comunidad autónoma para la explotación del viento. "Habrá diez zonas, subdivididas en áreas, y cada una tendrá su concurso específico", comentó Javier Guerra.
Otra diferencia es que se suprime la participación pública en las empresas promotoras y se crea un canon específico que gravará por la instalación de cada aerogenerador. La Xunta prevé ingresar al año unos 30 millones de euros que irán a parar al llamado Fondo de Compensación Ambiental, del que la mayor parte de los recursos se invertirán en los ayuntamientos con parques eólicos en sus montes.
Además, la Xunta no devolverá los avales hasta que las empresas promotoras completen sus proyectos industriales –inversiones a las que se comprometen para ganar puntos en el concurso–. El importe fijado en el aval, el cual es necesario para optar a las concesiones– es del 2% del valor del proyecto industrial. Así, según el Gobierno gallego, se garantiza que las adjudicatarias respetan sus compromisos.
Y mientras no se concluyan los proyectos industriales, las concesiones tampoco se podrán transmitir, para evitar así que los parques eólicos se utilicen como meras herramientas para la especulación.
Para alcanzar las "máximas garantías jurídicas", la Xunta consultó a un total de seis expertos de las universidades de Santiago de Compostela, la Carlos III y la Complutense de Madrid que, según explicó el presidente, "avalaron" el "rigor técnico y la seguridad jurídica" de la nueva ley, trabajando "desde la más absoluta neutralidad e imparcialidad".
Guerra también destacó este aspecto y contrapuso la nueva norma con el papel que jugó el anterior decreto "anulado por sus tachas de legalidad". Además, abogó por "recuperar el tiempo perdido" durante la pasada legislatura en la que, a su juicio, se habló más "de los problemas legales del concurso" que del peso del sector en la economía gallega. El conselleiro explicó que el nuevo texto legal permitirá situar a Galicia "en la vanguardia" del sector eólico y negó que vaya a "paralizarlo", como apunta la oposición, asegurando que dará "el impulso preciso" para que las nuevas instalaciones eólicas".

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