El Consello de la Xunta aprobará hoy el anteproyecto de ley por la que se regula el aprovechamiento eólico, en el que se mantiene, pese a la oposición de la patronal --tanto la específica del sector como la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)--, el canon medioambiental y el fondo de compensación que se financiará con la recaudación de este tributo, que será de carácter finalista y estará destinado a inversiones en los municipios con parques de aerogeneradores.
El texto recibió el respaldo del Consello Económico e Social (CES) de Galicia la semana pasada, aunque con el voto particular de la patronal gallega, que si bien evalúa "positivamente" que se elimine como criterio de valoración la participación pública, censuró el canon por que provoca "una distorsión en la libre decisión del establecimiento de las empresas" con un "factor externo al propio mercado" y "desincentiva" la utilización de esta energía.
El anteproyecto será remitido de forma inmediata al Parlamento de Galicia para que inicie la fase final de su tramitación, con el objetivo de que esté aprobado a finales de año o inicios de 2010. El texto estaba pendiente de pasar por el Consello después de que, tras anunciar el pasado 5 de agosto la suspensión del proceso iniciado por el Gobierno anterior, se retrasase este paso para pedir informes para asegurar la legalidad del nuevo tributo y del articulado.
La Asociación Eólica de Galicia (EGA) presentó en su momento alegaciones contra la futura norma, centradas en su oposición al canon (consideran que "viene a sustituir la participación pública") y su desacuerdo tanto con la suspensión del proceso ya iniciado como con que el ordenamiento de sector se haga a través de una normativa con rango de ley.
Voto particular de la CEG
También la CEG hizo constar, en su voto particular en el CES, sus reticencias al proyecto que lleva adelante la Consellería de Economía e Industria. "No se puede hacer una valoración positiva con respecto a la creación del canon eólico y el fondo de compensación", afirma y argumenta su "efecto disuasorio", que es "claramente contradictorio con el estímulo de las energías renovables.
En este sentido, cree que la declaración de efectos ambientales ya evalúa el impacto paisajístico, que es lo que grava el canon. Además, genera "desequilibrios territoriales", que pueden provocar que las empresas opten por instalarse en otras comunidades que no tienen impuestos similares, y "puede provocar el cierre" de algunas de las empresas ya implantadas "por ruptura del equilibrio financiero de los proyectos".
La Xunta tiene pendientes también procesos judiciales abiertos, tanto contra el decreto aprobado por el anterior gobierno como contra la suspensión del mismo por parte del actual Ejecutivo gallego. Varias de las adjudicatarias con el bipartito se personaron como codemandadas en el primero de los procesos, con el fin de defender el texto elaborado por la antigua Consellería de Innovación e Industria, mientras que otras tres recurrieron la decisión --de Economía-- de no seguir adelante con el procedimiento.
