El alcalde de Castro de Rei, el socialista Juan José Díaz Valiño, quedó ayer en libertad con cargos, sin fianza, tras prestar declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, que investiga una presunta trama de corrupción en la adjudicación de obras y contratación de personal en este municipio ganadero de A Terra Chá lucense.

A la salida del edificio judicial, el alcalde realizó unas breves declaraciones en las que afirmó que todo quedó aclarado. "Estoy en libertad sin fianza. En los próximos días daré una rueda de prensa", añadió el regidor y diputado provincial socialista al, que según fuentes judiciales citadas por Europa Press, se le imputa el cargo de supuesta prevaricación.

Tras pasar dos noches en los calabozos de la comisaría de Lugo, Díaz Valiño llegó al juzgado alrededor de las diez y cuarto de la mañana. Iba esposado en el interior de un coche patrulla de la Policía Nacional y escoltado por otros dos agentes en moto. Al ver a sus familiares no pudo contener las lágrimas. Cinco horas más tarde salía más tranquilo, en libertad con cargos, arropado por sus allegados.

Al alcalde de Castro de Rei le sucedió lo mismo que a su compañera de equipo de gobierno, la concejala de Muller e Benestar, la socialista Ana María Canto, que 24 horas antes, el martes, quedó también en libertad con cargos, y sin fianza. Los otros dos concejales detenidos, el socialista Antonio Balado (responsable de la concejalía de Aguas) y el edil de Mercado y Obras, Roberto Lorenzo, de TeGa, también declararon ayer ante la magistrada encargada del caso. Al cierre de esta edición, la magistrada sólo había decretado la libertad sin fianza para Balado, que estuvo declarando durante dos horas, mientras Lorenzo continuaba dando testimonio.

El alcalde y los tres concejales fueron detenidos el pasado lunes por la mañana por su presunta relación con un supuesto caso de prevaricación y tráfico de influencias. Ese mismo, día, los agentes registraron el Consistorio e intervinieron once cajas con documentación. Al parecer, las presuntas irregularidades que les imputan, que se detectaron casualmente, podrían guardar relación con la adjudicación de obras del Plan E, financiado con fondos estatales, y de otras financiadas por la Diputación de Lugo, así como con la contratación de personal y la adjudicación de proyectos a empresas de familiares de alguno de los acusados.