Por si quedaba alguna duda, en la reordenación del sector financiero, como en todo proceso empresarial, hay que pensar muy bien, mucho, cuál es el objetivo a conseguir. Los analistas insisten en que las operaciones que se plantean como un fin en sí mismas están abocadas al fracaso. No valen las soluciones de emergencia. Con esta premisa, y con la de que la normativa española para la actividad financiera está sentenciada a un cambio en profundidad para acabar con la politización de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros y, sobre todo, ganar transparencia en el negocio, un grupo de reconocidos economistas, con responsabilidades políticas y administrativas, se han propuesto responder a la gran pregunta asentada ahora en la economía gallega, y en la mayoría de comunidades. ¿Cuál es el futuro de estas entidades? Un modelo de proyectos viables, “solventes”, sin caer en una caja única por comunidad, “a modo de instituto de crédito regional” vinculado al Gobierno regional de turno.
Las conclusiones de este profundo estudio sobre el sector que mañana se presenta en el Club de Economía de Iñás -presidido, precisamente, por uno de los líderes de las cajas gallegas, José Luis Méndez, máximo responsable de Caixa Galicia- están firmadas por Jordi Sevilla, ex ministro de Economía y de Administraciones Públicas con Zapatero; por Vicente Martínez-Pujalte, diputado del PP y portavoz en su momento en las Comisiones de Hacienda y Presupuestos; y por Luis de Guindos, secretario de Estado de Economía entre 2003 y 2004 con Aznar y uno de los nombres que se barajan en la quiniela para renovar la presidencia de Caja Madrid.
La receta, mantienen, para caminar hacia un sistema “más simple y más transparente” es “un cambio estructural”, más que por voluntad propia, porque al sector no le queda otro remedio si quiere evitar que se repitan situaciones de falta de liquidez como las que se están viviendo.
Porque “va a ser muy difícil” recuperar la confianza de los ahorradores en “productos financieros sofisticados” y en las “entidades poco consolidadas”, las dos bombas que dinamitaron los cimientos de las finanzas mundiales. Los tres, economistas, apuestan por “reorientar el complejo entramado” entre economía real y economía financiera para garantizar que la circulación del crédito sea “constante” y se pongan punto y final a los “altibajos agudos”.
¿Cuáles son las reglas a seguir para el nuevo mapa? “El objetivo debe ser mantener todas las cajas y bancos que tengan proyectos de negocio viables y márgenes de solvencia suficientes, ordenado de este modo el proceso de consolidación del sector”. Aunque su tamaño no sea tan grande como parece que se espera en este proceso de remodelación. “Una determinada caja de ahorros con vocación de presencia en un territorio pequeño, con una gestión adecuada entre pasivo y activos -señalan- puede tener sentido”.
Y en caso de querer ganar tamaño, sea cual sea la meta, no todas las estrategias pasan “necesariamente” por la fusión. Pero pongámonos en el caso de que se opta finalmente por una integración para ganar músculo. “El modelo no debe de ser una caja única por comunidad autónoma, a modo de instituto de crédito regional vinculado al Gobierno autonómico”, defienden. Todo lo contrario.
Sevilla, Martínez-Pujalte y Luis de Guindos -directores del proyecto coordinado por la diputada popular Ana Torme y desglosado por tres socios de Analistas Financieros Internacionales y otros tres economistas- se inclinan por fomentar las integraciones interregionales para “aprovechar mejor las economías de escala del negocio”. Aunque para eso sea necesario “eliminar” la autorización de las Administraciones autonómicas sobre las cajas con sede social en su comunidad y pensar en fórmulas que contemplen “para determinados asuntos” la existencia de una doble sede.
Sin tutela política
En esa segunda gran idea basculan los razonamientos del informe. En ir a una renovación de la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (Lorca) y las leyes sectoriales autonómicas. No para dar a las entidades una naturaleza jurídica diferente -“sigue siendo la adecuada”-, pero sí para eliminar la tutela política, con la única excepción de los que los Gobiernos regionales puedan “participar” en la elección de los órganos de gobierno.
Profesionalizar la gestión. “No han de responder ante ninguna administración y mucho menos ante un partido político”, explican. Los directivos deben trabajar con “decisiones personales” y “exclusivamente” pensando en los intereses de las cajas. Lo que acabaría de un plumazo con la duplicidad supervisora. El análisis incide en la importancia de que sobre las cajas hablen los organismos reguladores; y en las fusiones, la opinión de la Comisión Nacional de la Competencia y de la UE si recurren a las ayudas públicas.
Sin quitarle ni un ápice a la posición estratégica de las cajas -principalmente, por su apoyo al pequeño ahorrador, a la financiación del tejido productivo y como equilibrio mutuo con los bancos-, los economistas tiran de las orejas a las carencias de la contabilidad de las entidades. No tienen socios con los que rendir cuentas y si desaparece la sombra política, “habrá que encontrar una solución adecuada” para exigir “control”. Precisamente porque no tienen accionistas, recuerdan las limitaciones de las cajas en pos de capital propio.
El gran reto es desarrollar el sistema de cuotas participativas -el equivalente posible en el sector a las acciones convencionales- con una modificación también de su regulación para fijar una “participación adecuada” de los compradores en los órganos de gobierno e, incluso, para que la emisión sea “obligatoria” hasta una “proporción mínima” de sus recursos. Los tiempos que corren, según los expertos, demandan más fondos en las arcas de las entidades.
