Como en las redadas recientes de Palma de Mallorca o las escenas vividas en unos cuantos pueblos de Levante, sólo que aquí, en el pequeño municipio lugués de Castro de Rei, de tan sólo 5.800 viviendas, lo que da de comer es la ganadería y el sector primario en general y no el ladrillo. Su alcalde, el socialista Juan José Díaz Valiño, engrosó ayer el nutrido listado de regidores detenidos, en su caso por supuesta prevaricación y tráfico de influencias en adjudicaciones realizadas por su equipo. Con él, otros dos de sus tres ediles, Ana Canto y Francisco Balado, y un miembro de Terra Galega (Tega), Roberto Lorenzo, con el que el PSdeG gobierna en coalición. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional los detuvo en sus domicilios a primera hora de la mañana para que estuvieran presentes durante el registro realizado durante más de cuatro horas en el edificio del concello. Los agentes revisaron, según fuentes judiciales, "numerosos expedientes" , hicieron fotocopias y se llevaron hasta once cajas con documentación.
La operación está dirigida por la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo, Estela San José, muy conocida porque en sus manos está también el caso de las presuntas anulaciones de multas en la Jefatura Provincial luguesa. Una investigación que le costó el cargo al propio jefe del departamento, Julio González, y al Subdelegado del Gobierno en la provincia, Jesús Otero, además de la imputación de varios cargos socialistas, como la vicepresidenta segunda de la Diputación, los alcaldes de Pedrafita y Pol y el concejal de Protección á Comunidade de la capital.
Los detenidos en Castro de Rei permanecían a última hora de ayer en los calabozos de la Comisaría de Lugo a la espera de que la juez, que decretó el secreto de sumario, les tome declaración, probablemente hoy. Los registros se extendieron también hasta el concello de Cospeito, gobernado por el PP, aunque en este caso los agentes sólo se llevaron documentación. No hubo detenciones.
Tanto el cuarto concejal socialista en el municipio, Manuel Saavedra, como los dos ediles nacionalistas –que apoyaron en 2007 la investidura de Díaz Valiño como alcalde, aunque no se incorporaron al Ejecutivo local hasta el pasado verano– piden prudencia y dan su respaldo a los detenidos a la espera de que se tengan más datos de lo que ha sucedido. El Bloque, de momento, rechaza asumir las riendas del consistorio.
El PPdeG reclama explicaciones al líder de los socialistas gallegos, Manuel Vázquez, y a Ricardo Varela, secretario del partido en Lugo, por "colocar" en su equipo –el regidor de Castro lleva el área de política local en la Ejecutiva provincial y está en la Diputación – a un "alcalde sospechoso" de prevaricación. El PSdeG arremete contra la acusación de los populares por la "desfachatez" de acusar "sin que hayan confirmado las imputaciones" y porque el PP sí tiene "en la cárcel" militantes por "uso fraudulento de fondos públicos".
