La Fiscalía propone crear tribunales en cada comarca para aliviar el colapso de la Justicia

El fiscal jefe plantea que estas nuevas unidades asuman las infracciones menores que sobrecargan la agenda de los juzgados

 23:58  

R. PRIETO - A CORUÑA Juicios que tardan años en celebrarse o sentencias que incluso no llegan a dictarse. Son las consecuencias del colapso que los juzgados arrastran desde hace años. Y pese al aumento de la plantilla y la creación de nuevos órganos judiciales, Galicia sigue a la cabeza del ranking nacional en cuanto a atraso y número de casos pendientes. El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, tiene claro que la solución para aliviar los cuellos de botella en la Justicia pasa por una reforma del mapa judicial para reorganizar los actuales juzgados y partidos.

En la apertura del año judicial en A Coruña, Varela abogó por superar la estructura organizativa de los actuales partidos judiciales, ideados en el siglo XIX, y convertir a cada comarca en "célula básica de la organización judicial". Esta reforma, según apuntó el fiscal jefe, supondría la creación de "tribunales de comarca" con competencia para "abarcar la litigiosidad de los conflictos de baja intensidad" tanto en el orden civil, como el penal o el contencioso administrativo. La apertura de estos tribunales de comarca –en Galicia existen 53 comarcas, con "evidentes similitudes, aunque no coinciden" con los 47 partidos judiciales creados hace ya dos siglos– solucionaría la sobrecarga en los juzgados al atender infracciones menores. Los nuevos órganos judiciales o de "pequeña instancia" –comentó Varela– funcionarían como una "justicia de proximidad" que estaría integrada por profesionales de carrera con "capacidad y flexibilidad" para atender a más de una comarca cuando el movimiento y volumen de procesos lo permitiese.

Salida rápida

Este cambio permitiría aliviar las largas listas de espera en la Justicia gallega. Según apuntó el fiscal superior, con estos tribunales de comarca se daría "una salida más rápida y eficaz" a la "litigación en masa" y de "baja intensidad", en alusión al volumen de infracciones menores que en muchos casos ni llegan a juicio y que colapsan los juzgados. "Eso nos permitiría hacer frente a la morosidad, que actualmente es el principal factor de la crisis de la Justicia", añadió Varela.

Tras hacer un repaso sobre la evolución de la criminalidad en la comunidad gallega, el fiscal superior también se hizo eco de la imagen que los ciudadanos tienen de la Justicia. Lenta y poco justa. "Implantar un nuevo paradigma de justicia permitirá alcanzar una solución justa, rápida y de calidad para el tratamiento de los litigios", reconoció.

Sin embargo, las estadísticas revelan que pese al aumento del número de procedimientos tramitados el año pasado en Galicia, una gran parte terminan archivados o sobreseído por falta de autor conocido. En este sentido, Varela apuntó el "gran desfase" que hay entre delitos incoados por el procedimiento de diligencias previas y delitos que pueden ser llevados a juicio a petición del Ministerio Fiscal. Los datos así lo constatan. "Sólo llega a juicio en torno a un 6% del total de procedimiento tramitados", aseguró Varela, al tiempo que reconoció la existencia de "elevados niveles de desperdicio y de ineficiencia del sistema" en cuanto al número de recursos materiales, temporales y humanos dedicados a la tramitación de diligencias previas.

No fueron los únicos cambios propuestos por el fiscal superior. Carlos Varela también apostó por incentivar la presentación por vía electrónica de las piezas procesales, establecer métodos alternativos para la resolución de conflictos o poner en funcionamiento un sistema de "justicia móvil".

En su intervención, el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas, también incidió en la necesidad de emprender "cambios" en el funcionamiento de la Justicia. "Sería un fiasco que el año judicial que ahora se abre no implique y traiga consigo cambios cualitativos en la situación judicial", sentenció Cadenas, al tiempo que destacó que los ciudadanos exigen una "nueva" organización de la infraestructura judicial y medios materiales y humanos.

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