El nuevo modelo de financiación autonómica reportará a Galicia 706 millones de euros adicionales, un 8,9% más, pero este aumento se sitúa tres puntos por debajo del incremento medio en el conjunto del Estado, cifrado en un 11,8%, y es la la mitad del asignado a Baleares, que sube un 18%. Quien así lo sostienes es Ángel de la Fuente, uno de los mayores especialistas del área, miembro del Instituto de Análisis Económico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que aunque ayer no pudo participar presencialmente en una jornada sobre financiación autonómica organizada por la Fundación Caixa Galicia, sí remitió su estudio sobre cómo cuadran las cuentas con el nuevo modelo aprobado hace un par de meses.

Para ello ha tomado como base el balance presupuestario del año 2007, que es el utilizado como ejercicio de referencia para aplicar el nuevo sistema. Todas las autonomías han visto mejorada su financiación con respecto al anterior modelo porque el Estado ha puesto encima de la mesa algo más de 13.000 millones de euros.

En términos porcentuales, las comunidades más beneficiadas han resultado, por este orden, Baleares, Madrid, Cataluña, Valencia y Canarias, con unos incrementos del 18%, 15,4%, 14,9%, 14,6% y 14,4%, respectivamente. En la parta baja de la tabla, en la que Galicia ocupa el noveno puesto, figuran Cantabria (7,1%), Asturias (7,8%) y Extremadura (7,9%).

Según el análisis de Ángel de la Fuente, en cifras absolutas los mayores beneficios reportados por el nuevo modelo de financiación corresponden a Cataluña, con 2.688 millones de euros, Madrid (2.192), Andalucía (1.958) y Valencia (1.714).

Pero en un sistema con tantas variables, criterios y fondos regidos por distintos baremos, se pueden sacar muchas otras lecturas, como la del gasto previsto por habitante "ajustado" –coste real de la prestación de los servicios públicos por cada persona–. En este caso, Galicia ocuparía la octava posición, pues con sus 2.954 euros per cápita superaría en ocho décimas la media nacional (2.930 euros).

Con respecto al anterior modelo, la comunidad gallega ha bajado una posición, porque por encima de ella se ha colocado ahora Canarias, que ha subido cuatro puestos.

Con todas las deficiencias que los expertos encuentran al recién aprobado escenario de financiación autonómica, sí hay coincidencia en que el reparto es más equitativo que el anterior y que la prueba de ello es que se estrechan las diferencias entre las comunidades que reciben más y las que menos.

"El nuevo reparto inicial de los fondos es más equitativo que el actual", sostiene De la Fuente, quien no obstante encuentra también importantes "aspectos negativos", como que se trata de un sistema más complejo y menos transparente, que deja demasiada "discrecionalidad" al Estado para fijar la distribución del Fondo de Compensación o que sigue siendo un "parche".

En la jornada organizada por la Fundación Caixa Galicia participó también el economista Xaquín Álvarez Corbacho, que si bien destacó el carácter nivelador del nuevo modelo, "en el que nadie pierde", sí reprochó que se continúe con la fuerte dependencia de las transferencias del Estado. Así, Galicia sólo gestiona el 30% de los ingresos que necesita para su financiación, mientras que el 70% procede de los ingresos del Estado.

A su juicio, lo más recomendable sería que cada administración territorial gestionase entre el 50% y el 70% de los ingresos territoriales propios para evitar así "mentalidades de lamento, queja y victimismo" donde el principal objetivo "es ver quién saca más dinero del Estado".

Para Corbacho, el nuevo modelo apenas avanza en la mejora de la "dependencia del exterior" y por ello defendió la necesidad de aumentar la autonomía financiera de las administraciones territoriales.

Julio López Laborda, de la Universidad de Zaragoza, rechazó la posibilidad de que el no tener un nuevo estatuto vaya a perjudicar a Galicia en la financiación autonómica, ya que "la estructura está muy condicionada, pero los resultados no tanto".

Aún así, López Laborda admitió que "quizás sí beneficie a las comunidades que tienen una cláusula relacionada con la inversión estatal en sus territorios", como Cataluña, lo que "podría ser un elemento diferencial".