MÓNICA VÁZQUEZ - SANTIAGO
Tras la inesperada imputación del ex director general de la Marina Mercante por el caso Prestige, el Gobierno se enfrenta ahora a un nuevo obstáculo judicial en Estados Unidos que amenaza con echar por tierra las esperanzas puestas en este caso. La juez de Nueva York que instruye la demanda española contra la American Bureau of Shipping (ABS), la empresa que certificó en 2001 y 2002 que el petrolero era apto para navegar y a la que España reclama 1.000 millones de dólares por su responsabilidad en el siniestro, estudia una petición de la clasificadora que podría invalidar el procedimiento y dejar al Gobierno español sin su mejor baza judicial para recibir una indemnización por el accidente. Los abogados de ABS han emplazado a la juez a decidir qué legislación aplicará para resolver la demanda: la estadounidense, por ser el país en el que se instruye el proceso; la española, por ser el lugar en el que ocurrieron los hechos; o la de Bahamas, país de abanderamiento del Prestige.
La decisión será crucial para el futuro del proceso ya que si la juez acepta la petición de ABS y aplica la legislación de Bahamas –algo legítimo aunque poco habitual según las fuentes jurídicas consultadas– la defensa de la clasificadora tendría derecho a acogerse a la "inmunidad soberana" que rige en este país, es decir, que en la práctica el caso no podría ser juzgado en Estados Unidos. Bahamas cuenta con una normativa muy proteccionista para sus buques lo que lo convierte, además de en un paraíso fiscal, en un país muy atractivo para los armadores. Por eso, si la juez de Nueva York decide aplicar en la demanda contra ABS la ley de Bahamas, la estrategia española y las esperanzas depositadas en este proceso no tendrían futuro. En cambio, si se decanta por aplicar la normativa estadounidense o la española, como explican desde la Abogacía del estado, la causa seguiría su curso y debería quedar en cuestión de meses "vista para sentencia".
Se trata de la última baza legal que se juega ABS para tratar de impedir un procedimiento sencillo pero que en los últimos años no ha dejado de sufrir complicaciones. La primera, en 2004, cuando los abogados de ABS contraatacaron demandando en EEUU a España por las consecuencias que tuvo su gestión del accidente, una petición que fue rechazada aduciendo defectos de forma y falta de jurisdicción. Pero el mayor revés se produjo en enero de 2008, cuando atendiendo a un recurso de ABS, la misma juez que instruye ahora el caso se declaró no competente para dirimir la demanda. España recurrió la decisión y en junio se le dio la razón por lo que el caso sigue adelante.
Tres casos, ninguna decisión
Casi siete años después de la peor catástrofe medioambiental sobre las costas gallegas, el Prestige sigue siendo un caso abierto. Tras sufrir múltiples reveses judiciales y superar incontables obstáculos legales y logísticos que eternizaron la fase de instrucción, el Juzgado número 1 de Corcubión emitió el pasado marzo el auto que abría la puerta al juicio oral. Más de 2.000 partes personadas, 70 abogados, 264.000 folios y sólo cuatro imputados. Son las cifras de un macroproceso que se celebrará en la primera mitad del próximo año y que pondrá a prueba la capacidad de la Justicia para dictar una sentencia ejemplarizante en un caso de contaminación marítima.
Aunque la atención mediática se ha centrado en los últimos años en el procedimiento que se sigue en Corcubión lo cierto es que el accidente del petrolero también mantiene otros dos procedimientos en paralelo. El más conocido es el de EEUU, otro caso complejo y con polémica en el que el Gobierno español ha invertido muchos esfuerzos y grandes sumas de dinero.
La tercera vía judicial abierta se dirime en Estrasburgo. Hasta ahí llegaron los abogados del capitán Apostolos Mangouras en su demanda contra España por el trato dispensado al marino griego tras el accidente.
