El lío judicial en el que tiene toda la pinta de convertirse el futuro de la energía eólica en Galicia da un paso más. Tras el auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que suspendió cautelarmente el concurso de los 2.300 megavatios (MW) impulsado por el bipartito al amparo de la denuncia de una de las empresas que quedaron fuera y de los "daños de difícil reparación" que se podrían crear si el reparto siguiera adelante, el plazo para recurrir la decisión finaliza sin que nadie se haya manifestado en contra. Lo que han hecho dos de las firmas beneficiadas en la subasta es ir más allá. Aucosa y Viraventos se han personado como codemandadas. Se sienten perjudicadas directamente por la decisión de la sala del Contencioso-Administrativo. Para ellas se abre ahora otro plazo para un recurso de súplica contra la paralización de la admisión a trámite de los parques. Y ambas tienen previsto presentarlo.

¿Por qué las dos sociedades optan por personarse en lugar de un recurso directamente contra la paralización del TSXG? Porque de esta manera, si consiguen que se tengan en cuenta sus argumentos, el alto tribunal tendría que abrir de nuevo el proceso judicial y Aucosa y Viraventos tendrían derecho a defender, como implicadas, la distribución de parques –que la nueva Xunta también bloqueó temporalmente el pasado mes de agosto– y sus intereses. Como si fueran las responsables del reparto. Una postura que la Consellería de Economía e Industria también podría haber seguido –la demanda que desembocó en el auto del TSXG es, al fin y al cabo, contra una decisión de la administración–, pero que no hizo.

Detrás de Aucosa Eólica están varias de las grandes conserveras gallegas. Alfageme, Thenaisie, Pita Hermanos y Albo, con el apoyo de la firma energética Terawatio. Sólo la filial de Caixanova en el sector, Galenova, consiguió más megavatios que ella. Siete parques –Chan da Fonte, Monte da Pena, Pena de Ferro, Malvar, O Sino, Monte de San Xoán y Monte Lousado– con un total de 216 MW de potencia. Viraventos está gestionada por Guillermo Sánchez Vilariño, el ex presidente de la patronal en Lugo. En su caso, el reparto le otorgó dos parques –Serra da Lagoa y Vilouzán–, que suman medio centenar de megavatios.

Con su auto de suspensión cautelar, el TSXG se hacía eco de la denuncia de Muíños de Vento Galegos, Madorna, un grupo liderado por José Lorenzo Cotelo, empresario coruñés ligado al sector de la construcción, aunque con varios parques ya en explotación, que solicitaba unos 400 MW a la anterior Consellería de Innovación e Industria. El tribunal apostó por poner un punto y seguido al procedimiento para revisar la legalidad apelando a las "posibles tercera sociedades afectadas e incluso el propio interés público". La resolución se hace eco de la supuesta "responsabilidad en cascada de reclamaciones en cuantías de considerable importe tal vez" y por los posibles daños y perjuicios "difíciles de reparar". La suspensión es, según el TSXG, "cuando menos aconsejable".

La decisión judicial no sorprendió al sector. Tanto las empresas con tradición en la explotación del viento como los nuevos promotores que surgieron a raíz del polémico concurso coinciden en sus temores. En que el reparto de potencia en molinos en Galicia acabe en la maraña de los tribunales y, por lo tanto, el negocio se hunda en una continua "inseguridad jurídica". El Gobierno gallego, sin embargo, mantiene que la postura del TSXG avala su decisión de paralizar el reparto.