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La Xunta prepara un nuevo canon para gravar el agua

La nueva tarifa establecería un cobro por tramos de consumo y residentes en cada vivienda

 15:11  

EUROPA PRESS El canon que los gallegos pagarán en función de su consumo de agua supondrá "en el caso más desfavorable" un incremento de un euro en la factura mensual de une vivienda de entre tres y cuatro personas que tenga un consumo alto, según afirmó hoy el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández.

Este tributo tendrá una tarifa social y un descuento del 50 por ciento para las familias numerosas, que deberán presentar una solicitud ante la administración hidráulica, agregó Hernández, que presentó, junto con la presidenta de Augas de Galicia, Ethel Vázquez, los pormenores de la nueva Ley de Aguas de Galicia.

El texto legislativo, que será aprobado por el Consello de la Xunta en diciembre y remitido al Parlamento antes de que finalice este año, prevé la creación de este tributo "progresivo", que sustituirá el vigente canon de saneamiento, y tendrá en cuenta el número de personas residentes en la vivienda y su consumo de agua.

En concreto, se fijan cuatro tramos de consumo doméstico, con cuatro tarifas. Estarán exentos los consumos que no superen los seis metros cúbicos mensuales para tres personas; los ocho metros cúbicos para cuatro personas y los 10 metros cúbicos para cinco.

Las familias que no superen estos límites pagarán "menos que con el actual sistema", afirmó la presidenta de Augas de Galicia. Hernández apuntó, por su parte, que "en el caso más desfavorable", la tasa a pagar se incrementará en un euro para una familia de entre tres y cuatro personas.

Industrias
En cuanto a los usuarios industriales, Vázquez indicó que existirán dos modalidades. Una de ellas calculará el tributo según el volumen de agua consumida, una opción dirigida a empresas "no especialmente contaminantes", y la otra lo hará también en función de la carga contaminante. Este segundo supuesto puede ser solicitado por la propia industria o determinado "de oficio" por la Xunta.

La responsable de Augas de Galicia destacó que en los parámetros de contaminación que se tendrán en cuenta se incluye "por primera vez" la presencia de nitrógeno y de fósforo. Con estas medidas, dijo, se busca "ajustar el canon a la contaminación real".

El objetivo del canon es, según el conselleiro, "garantizar un uso racional del agua". Los fondos recaudados serán destinados íntegramente a acciones de abastecimiento, saneamiento y explotación de las depuradoras.

La nueva normativa, agregó, declara de interés de la comunidad la depuración de aguas residuales urbanas y establece la creación de la Axencia Augas de Galicia --que fusionará la estructura dual de Augas de Galicia y la Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos-- y pretende "poner orden y resolver el déficit de infraestructuras", en especial para el saneamiento.

Gestión de las EDAR por parte de la Xunta
En este sentido, señaló que, en caso de que el ayuntamiento esté de acuerdo, la Xunta asumirá la gestión de las depuradoras, de modo que las corporaciones locales dejarán de cobrar también la tasa en este concepto. Hernández adelantó que esta tarde trasladará al presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Carlos Fernández, el texto de la ley.

Al hilo de ello, el titular de Medio Ambiente consideró que los ayuntamientos de las grandes ciudades "tienen infraestructura y no van a pedir" que Augas de Galicia se haga cargo de la gestión de las EDAR.

En este momento existen en la comunidad 112 depuradoras (25 gestionadas por la Xunta), con unos costes de mantenimiento anuales de 25 millones. La previsión de la Xunta es que en 2015 --para cuando está comprometido que todos los núcleos de más de 2.000 habitantes tengan una depuradora-- haya 157 estaciones de tratamiento de aguas residuales, con 63 millones para el mantenimiento. Para el fin de la legislatura, 149 de ellas estarán previsiblemente a cargo del Gobierno gallego.

Sanciones
La presidenta de Augas de Galicia explicó que la nueva ley incluye un régimen sancionador, que establece faltas leves, graves y muy graves con multas máximas de 600.000 euros. En este sentido, apuntó que Galicia contará con competencias exclusivas y prestará "especial atención" a la reparación del daño causado.

Por último, Vázquez indicó que se prevé también la creación del Consello para o uso sostible de Auga, como órgano para favorecer la participación de las entidades públicas y privadas relacionadas con la gestión del agua.

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