La tendencia al incremento de plazas para el funcionariado de las Administraciones autonómicas es común en todas las comunidades autónomas, que engrosan cada año el cuerpo de asalariados mientras el empleo privado sufre una continua caída bajo el eufemismo de los expedientes de regulación de empleo (EREs) derivados de la actual situación económica.

Galicia incorporó 11.718 funcionarios a las oficinas de los departamentos autonómicos desde 2004 hasta 2009, lo que se traduce en una media de casi 2.400 trabajadores del cuerpo público por año y, si el cálculo se realiza por día, podría hablarse de 6,4 nuevos empleados de la comunidad en cada jornada a lo largo de cinco ejercicios.

El aumento de funcionarios desde 2004 ha sido de un 15%, situando a Galicia en la séptima comunidad por índice de incremento. El primer lugar lo ocupa Murcia, con una subida del 38,6% en el mismo período (consultar tabla); seguida de Baleares (+29,3%), Cataluña (+23,8%), Cantabria (+23,3%), Castilla La Mancha (+20,3%) y Andalucía (+16,2%). En la Comunidad Valenciana, La Rioja, Asturias, Aragón, Madrid, Navarra o Castilla y León el incremento de funcionariado ha sido inferior al de Galicia, entre un 7 y un 12%. Mientras la Administración continúa generando empleo año tras año, el sector privado se ha visto obligado a recortar puestos debido, en la mayoría de los casos, a la paralización de la economía.

El descenso de puestos en el sector privado tiene su reflejo en el incremento de las listas de desempleados. En los últimos cinco años en Galicia se apuntaron en el Inem 43.433 personas, lo que se puede traducir en una pérdida de un 21,67% de empleo privado. Sólo en 2008 esta caída fue de un 5%, con la desaparición de 13.900 ocupaciones. Los expertos calculan que esta disminución continuará durante 2009, hasta un 6%; en 2010 se invertirá la tendencia con sólo un descenso del 1,7% para, finalmente, recuperarse la creación de empleo en la comunidad a partir de 2011 y 2012.

Cuando las cosas se ponen feas en el sector privado y con más de 200.000 parados en una comunidad como la gallega (cuya población sólo se ha incrementado un 1,8% en los últimos años), un "puesto fijo" en la Administración pública se presenta como la opción de futuro para muchos. Si se analiza el conjunto del funcionariado (sumando el personal empleado en la Administración Pública Estatal, ayuntamientos y universidades) el efecto también es al alza: la cifra total de funcionarios va en aumento, si bien el peso del funcionariado está en las Administraciones autonómicas.

En el conjunto del Estado el número de empleados públicos en las diferentes Administraciones aumentó un 12,1% en cinco años, ocupando los primeros puestos Murcia, Baleares, Cantabria, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana y Galicia. En el último trimestre de 2008, la cifra de funcionarios aumentó de media un 4% en tasa interanual, mientras que los empleados del ámbito privado retrocedieron un 4,9% en el mismo periodo.

Tras cada ciclo productivo surge de nuevo el eterno debate: ¿realmente está inflada la cifra de funcionarios? ¿hacen falta tantos empleados públicos cuando la población en comunidades como Galicia se estanca?

En la comunidad gallega, el 13,5% de la población activa trabaja en la Administración. Además, en el reparto, toca a seis funcionarios por cada 100 habitantes. Según expertos en Administración Pública, el mapa del número de funcionarios en España "indica indirectamente la riqueza de las autonomías".

"Es sintomático que en Extremadura los funcionarios representan el 23,3% de la población ocupada, seguida de Castilla y León, con un 16,6% de representación, Castilla la Mancha (15,7%) y Andalucía (15,6%). En las comunidades donde la iniciativa privada está muy arraigada se precisan menos funcionarios públicos", explican especialistas consultados.

"El equilibrio territorial de España tendría que empezar por impulsar el sector privado, que es el creador principal de riqueza. Esto se traduciría en equilibrar el empleo público en función de la población y más participación directa de los ciudadanos en el sector productivo. Hay que cambiar la actitud de la gente", añaden los expertos.