Industria estima las indemnizaciones por paralizar el reparto en 7,6 millones

Reconoce el posible derecho de las empresa a recibir 6.000 euros por sus proyectos y 32.000 euros entre los promotores con parques

 07:56  

JULIO PÉREZ - VIGO A la Consellería de Economía e Industria no le queda otro remedio que admitir que la suspensión del concurso eólico del bipartito para iniciar un nuevo proceso de reparto de los 2.300 megavatios (MW) de la polémica puede acarrearle el pago de unas cuantas indemnizaciones. No sólo a las empresas seleccionadas, la casi treintena de sociedades con parques admitidos a trámite. También para los anteproyectos que se presentaron y se quedaron en reserva o no pasaron la criba. En la marea de documentación que estos días se mueve en el departamento que dirige Javier Guerra para sacar adelante la nueva ley para el sector y las también nuevas subastas de potencia está la memoria justificativa del cambio de rumbo en la política para el negocio del viento. Y ahí se reconoce lo que delante de los micrófonos se evadía. Que "procede" hacer el cálculo "estimado" de la responsabilidad patrimonial de la administración. Son exactamente 7.626.000 euros, que el Gobierno gallego sólo está dispuesto a desembolsar si lo exigen los tribunales.
Porque una vez más y ante el aluvión de críticas que le han llovido de la oposición y de los promotores eólicos, la Xunta insiste en que se mueve "dentro de la más estricta legalidad". Tanto en la resolución del 7 de agosto que suspendió la distribución impulsada por el anterior equipo de Industria como en el procedimiento por el que finalmente optó. Una suspensión del concurso en lugar de la revisión de oficio, que se convertirá en una cancelación definitiva cuando se apruebe la ley para el desarrollo de la eólica, previsiblemente antes de que acabe el año.
Lesión patrimonial, daño ilegítimo, o vínculo entre la lesión y el agente que lo produce y lesión real y efectiva. Tres posibles escenarios legales a los que el Ejecutivo de Núñez Feijóo se enfrenta. "Admitiendo la existencia de un posible daño evaluable económicamente, éste debe concretarse exclusivamente en los costes o honorarios de la redacción de los anteproyectos y proyectos presentados y en los demás gastos que el procedimiento finalizado ocasionó a los participantes", recoge la memoria redactada en colaboración con un catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago y a la que ha tenido acceso FARO.
La "posible" responsabilidad patrimonial derivada de la entrada en vigor de la ley eólica asciende a 5,13 millones de euros en el caso de los 855 anteproyectos que acudieron al concurso. A cada uno les corresponderían 6.000 euros por el coste de los honorarios de la redacción, "en función de los datos suministrados por distintos colegios profesionales". Las peticiones que fueron admitidas a trámite tuvieron que presentar más documentación "que también conlleva ciertos gastos". Calculadora en mano: 12.000 euros por la elaboración del proyecto de ejecución de las obras, 3.000 euros por el visado, 10.000 euros más por el estudio de impacto ambiental y otros 10.000 euros por el proyecto sectorial. ¿Resultado? Según Economía e Industria, unos 32.000 euros por cada uno de los 78 proyectos presentados y un total de 2.496.000. Claro que en los cálculos no se reflejan los costes de los controles de los colegios profesionales, por lo que habría que sumar otros 234.000 euros.
Para todos los candidatos dispuestos a recurrir el lucro cesante –las supuestas ganancias que los damnificados dejaron de percibir por la paralización del proceso–, la consellería envía un aviso. Lo único que está dispuesta a asumir son los intereses aplicados a las cuantías de la redacción de proyectos y estudios "en la medida en que se privó a los ´concursantes´ de la disponibilidad económica de los gastos incurridos". Y una segunda advertencia. "Tienen que ser acreditados por los reclamantes", destaca la memoria. El Gobierno gallego fija el tipo de intereses en función de la Ley de Presupuestos del Estado. Durante 2008, un 5,5%; hasta el 31 de marzo del próximo ejercicio, un 5,5% también; y partir de ahí, un 4%.
Como ya avanzó tanto el conselleiro como Ángel Tahoces, su director general de Industria y Energía, la administración gallega juega con la baza de que "desde el punto de vista técnico" puede haber perfectamente una "sustancial coincidencia" en los proyectos que se presentaron al concurso del bipartito y al los repartos por zonas que acometerán los populares a partir del próximo año. Por eso creen que la posible evaluación del daño –que "requiere de una concreta determinación"– puede reducirse no menos de un 60%.

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