La Consellería de Educación abre un nuevo frente de confrontación con sindicatos de profesores y padres de alumnos. El departamento que dirige Jesús Vázquez ha incrementado los precios del servicio de los comedores en un 15,38 por ciento, ha establecido la obligatoriedad de que los padres abonen el mes por adelantado durante los cinco últimos días del mes anterior y no descontará a los usuarios los días en que no utilice dicho servicio.

Durante la anterior legislatura, los padres abonaban 2,60 euros al día en los casos en que no disfrutaban de una reducción de precio y la mitad si disfrutaban de algún descuento. Este curso las tarifas se elevarán, respectivamente, a 3 y a 1,5 euros. Asimismo, en el año académico que acaba de finalizar no se pagaba por adelantado y de ese modo existía la posibilidad de contabilizar los días en que se había utilizado el servicio.

El Gobierno gallego no ha establecido tampoco "un mecanismo para la devolución del dinero por servicios no prestados", según denuncia el sindicato CIG, lo que provoca, en la práctica, que los usuarios deban pagar por todo el mes escolar independientemente de que sus hijos utilicen o no todos los días el servicio de comedores de los centros educativos.

Mientras el sindicato CIG exige a la consellería una "solución" que a su juicio pasa por aplicar los mismos principios que regían el servicio durante el bipartito, la Consellería de Educación defiende estos cambios y para ello se escuda en la normativa y en mantener los salarios de los responsables del funcionamiento de los comedores y su coste.

Así, según señalan fuentes del Ejecutivo autonómico, los comedores pasan a cobrarse conforme a la normativa de "recaudación", una regulación que obliga a los pagos por adelantado, de un modo similar, apuntan, a como funcionan las matrículas universitarias. Según el departamento que dirige Vázquez, las tarifas vigentes para comedores se han "cambiado" este año a la legislación que regula los precios públicos, aunque, afirman, "ya tenía que haber sido así". Sobre el hecho de que no se devuelva a los padres el dinero correspondiente a los servicios no utilizados, la Xunta vuelve a recurrir al símil de las matrículas universitarias y recuerda que se deben abonar por entero, independientemente de que luego se vaya o no a alguna clase.

En relación al incremento, el Gobierno autonómico argumenta que se trata de una "actualización" de precios y que, "incluso así, no cubre todos los costes derivados del servicio".

Los padres no son los únicos que se echarán las manos a la cabeza. La CIG denuncia también que el nuevo decreto de Educación implica problemas para los equipos directivos de los centros. Así, según el sindicato, antes los padres abonaban el importe en una cuenta corriente específica, un sistema que "funcionaba con normalidad y era aceptado por la comunidad educativa".

Pero, tras la entrada en vigor del decreto, la consellería envió a los centros una "instrucciones sencillas para resolver dudas" de los padres. El sindicato ironiza sobre que eran tan "sencillas" que "el propio secretario xeral" de Educación remitió un correo a los centros en el que lamentaba la "sobrecarga de trabajo, pérdida de tiempo para los profesores y situaciones de frustración". Al respecto, la CIG demanda a Educación que "libere" al profesorado de todo el trabajo administrativo que lleva consigo la nueva forma de abordar este servicio.

A día de hoy, denuncia la CIG, hay padres que acuden a los bancos con las instrucciones dadas en los centros y "comprueban que la mayoría no acepta el pago", algo que, según el sindicato, la consellería admite en un comunicado al mencionar "disfunciones" por "motivos de índole técnica".

A la espera de que Educación y Facenda se "aclaren", la CIG afirma que ni equipos directivos ni familias "saben qué hacer". "Hay usuarios que ya pagaron todo el mes, otros no y no saben cuándo ni cómo hacerlo", subraya.